17 de septiembre de 2024
Este martes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), confirmando que la propuesta será presentada a inicios de octubre. Esto, a pesar de que en ocasiones anteriores se había indicado que estaría lista en septiembre.
La ministra señaló que el proyecto se encuentra en su “fase final”, y que el retraso se debe a razones de agenda y trabajo prelegislativo. Vallejo explicó: “Se ha hecho un trabajo exhaustivo, riguroso y responsable para asegurar un diseño sostenible de financiamiento en la educación superior, que permita terminar con el CAE y entregar una solución a todos los afectados”.
En cuanto al alcance del proyecto, la ministra destacó que se contempla la condonación total de la deuda para algunos grupos que, por sus necesidades y características, así lo requieran. Para otros, la condonación será más acotada, pero aseguró que “todos van a tener una solución”.
“Nos corrimos algunos días y ya vamos a entrar los primeros días de octubre, pero el proyecto está en su fase final. Estamos plenamente conscientes de que es importante y reafirmamos nuestro compromiso de que este va a ingresar sí o sí”
“No aceptaremos chantajes”
Por otro lado, la ministra se refirió a las declaraciones del senador Fidel Espinoza (PS), quien condicionó su respaldo al proyecto y pidió investigar a Jaime Tohá por presunta intervención del abogado Hermosilla en el caso.
“No sé qué relación tiene una cosa con la otra. Condicionar la solución de las deudas del CAE a otros temas suena a chantaje, y no estamos para chantajes ni para transacciones. Son temas distintos”, sostuvo.
Fuente: adnradio.cl
En el fallo, la magistrada Claudia Ortiz Quinteros ordenó a la empresa pagar una indemnización de $90.000.000 a los demandantes, tras establecer que no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida y salud del trabajador fallecido.
En el fallo, la magistrada Claudia Ortiz Quinteros ordenó a la empresa pagar una indemnización de $90.000.000 a los demandantes, tras establecer que no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida y salud del trabajador fallecido.