El presidente Gabriel Boric se trasladó hasta Mejillones, en la Región de Antofagasta, para firmar uno de los documentos más importantes en lo que va de su administración. El mandatario firmó el decreto que promulga la nueva ley del royalty minero que destinará millonarios montos en dinero a una serie de municipios y aumentará el cobro de impuestos a empresas mineras.

Se estima que son cerca de 1.350 millones de dólares los que recaudará la normativa y US$450 millones de ellos serán distribuidos en tres divisiones. Por ejemplo, 32 municipios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins recibirán 55 millones de la moneda estadounidense por pertenecer al denominado Fondo Comunas Mineras.

US$170 millones, además, se repartirán en 309 de las comunas más vulnerables que ingresarán al Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. US$225 millones, en tanto, serán entregados a los Gobiernos Regionales (GORE) para el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo.

Según informa La Moneda, la nueva legislación contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80 mil toneladas métricas y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino.

“Viene a responder a las demandas históricas de los ciudadanos de regiones mineras, pues se establece que una parte de la recaudación debe asignarse por ley de presupuestos al desarrollo regional. En un contexto financiero, la ley da certeza a las grandes empresas mineras que la carga tributaria global no podrá exceder de un 46,5%, lo que permite estabilizar las proyecciones y estimaciones para generar o adquirir nuevos proyectos o efectuar ampliaciones mineras relevantes“, añade el académico.

Las dudas sobre la nueva ley del royalty minero

De acuerdo a especialistas, se mantiene pendiente en la nueva normativa las reglas que aclaren cuántos impuestos mineros deberán pagar las empresas que administran una serie de proyectos en diferentes etapas de la cadena de valor.

“En el modelo actual un proyecto en etapa negativa anula la recaudación de otro que está en etapa positiva, lo que lesiona la recaudación esperada, haciendo que el mineral no tenga un costo para quien lo extrae. Esto es usualmente es abordado mediante reglas llamadas ‘ring fencing rules’, que son utilizadas en los países desarrollados”, explica Víctor Villalón.

“Los tramos exentos siguen siendo extremadamente generosos para las empresas mineras que facturan hasta 12.000 toneladas métricas de cobre equivalente. Si se considera un valor de la TMC en torno a los 7 millones, se tiene que empresas con ingresos de hasta 85 mil millones de pesos no contribuyen con el impuesto a la minería”, complementa el docente de la FEN.

Tras esta promulgación se podrían abrir espacios para malas prácticas, pues no se consideraron adecuaciones preventivas para cuando la autoridad tributaria revise los valores pactados entre la minera y las compañías revendedoras. “La mitigación del problema dependerá de la fiscalización del caso a caso, lo que es costoso. La empresa gravada sigue siendo la que extrae y luego vende el mineral, dejando fuera a las empresas que se dedican a la reventa”, cierra Villalón.