7 de agosto de 2017
¿TODO HOMBRE TIENE SU PRECIO?
En una época en que la corrupción está tornándose normal y conocer situaciones de este tipo nos deja sorprendidos y dolidos- aquella socorrida frase todo hombre tiene su precio, parece cobrar una triste vigencia. ¿Realmente hemos llegado a los días […]
En una época en que la corrupción está tornándose normal y conocer situaciones de este tipo nos deja sorprendidos y dolidos- aquella socorrida frase todo hombre tiene su precio, parece cobrar una triste vigencia. ¿Realmente hemos llegado a los días donde luchar contra la corrupción será una utopía?
Queda la sensación de que la corrupción no solo nos alcanzó, sino que nos superó y dio la vuelta. Pareciera que desde hace algunos años y tras todos los incidentes de los que hemos sido testigos, no hemos aprendido la lección: la corrupción es un riesgo que no podemos dejar fuera del radar.
La falta de voluntad política para enfrentar la corrupción es solo una parte del problema para cuya solución también es necesaria la voluntad empresarial.
El plan empresarial de combate a la corrupción debe partir de un principio simple, pero poderoso: la ética. En ese sentido, es importante considerar la implementación de un procedimiento de denunciante, pero cuidado, sin otorgar grandes recompensas a aquellos empleados que denunciaran a sus empresas, siempre y cuando ellos no estuvieren involucrados, pues, denunciar por una recompensa, desvirtúa de igual manera el sentido de la ética y regresa todo al mismo punto: el precio del hombre.
Un código de ética robusto será el pilar para comenzar a gestionar el riesgo de corrupción. Hacerlo puede resultar relativamente fácil, el verdadero reto será implementarlo porque dar por sentado que todo hombre tiene su precio puede ser el error más grande cuando la primera línea de defensa debe estar entrenada para saber actuar ante un posible acto de corrupción.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
