26 de mayo de 2011
A LAS FALTA DE ACCIONES MÁS CLARAS Y DECIDIDAS PARA FRENAR LA PROLIFERACIÓN DEL CASTOR
Los castores son una especie originaria del hemisferio norte que fue introducida artificialmente en Chile y Argentina. Estos animales de color marrón, excepto por su cola que es negra, son grandes arquitectos: talan árboles y embalsan las corrientes de agua […]
Los castores son una especie originaria del hemisferio norte que fue introducida artificialmente en Chile y Argentina. Estos animales de color marrón, excepto por su cola que es negra, son grandes arquitectos: talan árboles y embalsan las corrientes de agua cuyo resultado son lagunas artificiales con sus madrigueras. Los diques que construyen llegan a medir más de 500 m. de largo, pudiendo resistir el peso de muchas personas, alterando el ciclo natural de las corrientes de agua, entre otros, razón por la que las autoridades sanitarias incentivan su control a fin de cuidar y proteger el medioambiente. Según el SAG a la fecha, los castores han devastado más de 24.000 hectáreas, de las cuales un 70% corresponden a áreas forestales. Su población actual se estima en unos 100 mil ejemplares, y puesto que no tiene en la zona un predador, la situación que se enfrenta es grave. La verdad es que los estudios han sido bastantes, y mientras tanto esta especie ha ido avanzando en cuanto a situarse en otros puntos de la región, hasta donde se suponía no podrían acceder. De allí que lo que cabe esperar es que se adopte una política efectiva y rápida, para frenar el avance del castor, antes de que el daño sea todavía peor. Es lo que pide la Oveja Negra de Polar.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
