23 de diciembre de 2025
MÓNICA MANCILLA BARRÍA JURÓ COMO JUEZA DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS
La magistrada Mónica Mancilla Barría juró hoy -martes 23 de diciembre- como jueza titular del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, tras su nombramiento en la vacante producida por la asunción de Juan Villa Martínez como ministro de la Corte de Apelaciones.
En la ceremonia, el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, tomó el solemne juramento a la magistrada Barría, quien desde septiembre de 2015 y hasta la fecha se desempeñaba como relatora del tribunal de alzada de Magallanes.
Mónica Mancilla es abogada de la Universidad de Concepción y cursó en 2009 el programa de formación 54 de la Academia Judicial. Asumió su primer cargo titular en 2010 como secretaría del Juzgado de competencia común de Puerto Natales y en 2012 fue nombrada jueza del Juzgado Mixto de Porvenir, cargo que ejerció hasta 2015 cuando asumió como relatora titular de la Corte de Apelaciones.
Tras el juramento, la magistrada Mancilla manifestó la satisfacción de asumir el cargo de jueza de Garantía de Punta Arenas. “Es un anhelo de mucho tiempo, de larga data, como dijo el presidente en sus palabras, responde también a una intención de desarrollo profesional después de diez años de relatora el tribunal de alzada, quizás es un aprendizaje que ya había alcanzado todas las etapas necesarias para desempeñarse en la jurisdicción, ahora de una forma distinta en un cargo de juez y quizás responde también a una necesidad de proyección profesional con la cual uno ingresó al Poder Judicial”, sostuvo.
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
