El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile expresa su total y absoluto rechazo al proyecto de reforma constitucional que pretende modificar el artículo 19 Nº 10 de la Constitución para declarar la educación parvularia, básica y media como un servicio esencial, con el objetivo de impedir las movilizaciones y sancionar a quienes las promuevan, participen y organicen.
Consideramos que este proyecto es una amenaza para el legítimo derecho a manifestarse y reclamar mejoras en las condiciones laborales y salariales. La historia de lucha de los trabajadores y trabajadoras para poder manifestarse por las diversas problemáticas que nos afectan es larga y ardua. En el caso de las y los profesionales de la educación, los problemas de financiamiento, remuneraciones, infraestructura, entre otros, son motivos legítimos para denunciar, reclamar y movilizarse.
Este proyecto de ley es un retroceso injusto, desatinado y antidemocrático, ya que las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras son una forma de manifestación y ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, reunión, asociación y el derecho a petición, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, esta iniciativa legal transgrede los Convenios Nº 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente.
La educación es un derecho fundamental, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Sin embargo, si se pretende declararla un servicio público esencial, los diferentes poderes del Estado deberían primeramente asumir y garantizar condiciones mínimas para su desarrollo, como buena infraestructura, materiales adecuados, gestión eficaz y democrática como también remuneraciones dignas para las y los trabajadores de la educación.
Lamentablemente estamos muy lejos de aquello. El sistema educacional chileno enfrenta serios problemas de infraestructura, insuficiencia de recursos materiales, deficiencias severas en la gestión, deudas previsionales con las y los trabajadores, inestabilidad laboral y en general abandono de la educación pública por parte del Estado. En este contexto, resulta contradictorio y éticamente cuestionable el proyecto de ley en comento.
Como Colegio de Profesores, rechazamos enfáticamente el objetivo de este proyecto de ley, que solo pretende impedir el ejercicio del legítimo derecho a huelga y movilización de los trabajadores de la educación, sin considerar las necesidades y demandas de las comunidades educativas.
Consideramos que este proyecto no va en el sentido de mejorar las condiciones de la educación pública en nuestro país, que es lo más importante. En lugar de eso, pretende instalar obstáculos y restricciones a los movimientos sociales que solo buscamos sacar a la luz deficiencias, injusticias y abusos.
Este tipo de medidas son propias de gobiernos autoritarios y dictatoriales, que buscan limitar los derechos y libertades fundamentales de las y los ciudadanos. Nos oponemos firmemente a cualquier intento de restringir el derecho a manifestarse y a ejercer la libertad sindical.
Exigimos un enfoque más integral y democrático, que priorice la mejora de las condiciones de la educación pública y el bienestar de las comunidades educativas, así como un financiamiento basal que permita desarrollar adecuadamente las labores educativas, en lugar de buscar controlar y reprimir las manifestaciones y demandas sociales.
MARIO AGUILAR ARÉVALO
Presidente Nacional
LESSLY MARCHANT HERRERA
Secretaria General
