Luego de sostener más de 30 reuniones con distintos actores del mundo políticos, social y económico, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado de su par de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, presentó el detalle de las medidas contenidas en la propuesta de Pacto Fiscal para el Desarrollo, anunciado esta mañana por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

«Creo, honestamente, que nadie puede negarse a esto, que nadie se quede abajo, ni el oficialismo ni la oposición. Salgamos de las trincheras, salgamos de la pelea política chica y avancemos, juntos y juntas, hacia construir un Chile más justo para todas y todos porque Chile es una gran familia que se cuida, que no deja a nadie atrás, que avanza y lo hace con justicia. Y, por eso, extiendo la invitación como Presidente de la República para que todos nos hagamos parte de este Pacto. Demos el paso. Hagámoslo posible», comentó el mandatario desde la comuna de Independencia, lugar en el que se dirigió a todo el país.

En concreto, el Pacto contiene los principios para un sistema tributario moderno en Chile, las necesidades y prioridades de gasto, los lineamientos para una reforma al Estado, además de medidas de impulso para el crecimiento económico, iniciativas tributarias y seguimiento de las iniciativas acordadas.
En total son 12 principios, entre los cuales desataca justicia tributaria, reciprocidad, simplicidad, estabilidad y certeza y eficiencia económica. En esa línea, Marcel relevó la importancia de la reciprocidad teniendo presente que no solo se trata de tributación, sino también de las responsabilidades que el Estado adquiere con la ciudadanía. En esa línea, reiteró que cuando se habla de impuestos «no es plata que nos regalen a quienes estamos a cargo del Estado, sino que de ahí surge una responsabilidad de usarlos con corrección y con eficiencia».

En cuanto a las necesidades de gasto, el Pacto prioriza cuatro áreas con un costo de 2,7% del PIB, distribuido en pensiones (1,2% del PIB), protección social (0,3% del PIB), salud (0,9% del PIB) y seguridad ciudadana (0,3%del PIB). Entre las medidas están, entre otras cosas, aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, crear un fondo de «Sala Cuna para Chile», reducir las listas de espera en los hospitales y dotar de más y mejor tecnología a las policías.

«El Pacto Fiscal surge del imperativo de responder a estas necesidades sociales, en un contexto de eficiencia y crecimiento económico sostenible. Y por eso el Pacto Fiscal se constituye como una agenda multidimensional que ofrece un horizonte de estabilidad y progreso social para los próximos diez años», comentó Marcel.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, hizo eco del llamado del presidente Boric. «Nos hizo una invitación para que busquemos como país ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades que tenemos, las materias en que queremos dar un salto, cómo hacemos un esfuerzo para financiar esas prioridades, a través de un sistema más justo, más transparente, que los recursos que se utilicen sean ocupados de manera eficiente y que controlemos que se ocupen bien y nos anunció un esfuerzo por llegar a un acuerdo que nos permita impulsar el crecimiento de nuestra economía».

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, agregó que el Pacto Fiscal “tiene un objetivo, que es avanzar en poder fortalecer la cohesión social, en poder tener una mayor disponibilidad de recursos para poder llegar a las familias que más lo necesitan, en particular, en el caso de los pensionados, a través del aumento de la PGU y de llegar a todos los pensionados de Chile, porque tenemos una Pensión Garantizada Universal, pero a la cual le falta un sector de la población al cual no se le entrega actualmente”.

Reforma al Estado y crecimiento
Asimismo, para hacer un mejor uso de los recursos públicos,se avanzará en una reforma al Estado que cuente, entre otras iniciativas, con una consolidación de la evaluación de los programas públicos y un marco normativocomún y permanente para transferencias con fundaciones y ONGs.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, ahondó en aquellos ámbitos contenidos en la reforma al Estado y detalló que “el Pacto Fiscal incorpora medidas robustas en distintos ámbitos como lograr una mayor calidad y eficiencia del gasto público; calidad de servicio e innovación; transparencia e integridad; y disciplina y responsabilidad fiscal». En materia de calidad de servicio e innovación, relevó “el esfuerzo por seguir ampliando la medición de la satisfacción usuaria y la generación de planes de mejora de calidad de servicio a partir de sus resultados”

El Pacto propone, además, 38 medidas que impulsan el crecimiento con tres ejes: inversión pública y privada, productividad y capital humano y formalización. De momento la cuantificación del impacto de las medidas sobre el crecimiento y el mayor espacio fiscal que este pueda generar se encomendará al comité de expertos de alto nivel.

En tanto, entre las iniciativas tributarias destaca la nueva «ruta del emprendimiento» para las empresas de menor tamaño, proceso que las acompañará durante todo su desarrollo, además de iniciativas que buscan reducir la evasión y la elusión tributaria.

Finalmente, en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las medidas se encomendará a un organismo internacional la evaluación del impacto económico, fiscal y social del Pacto. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, señaló que este componente de seguimiento «se trata de una iniciativa inédita en una negociación de estas características. Como Gobierno nos comprometemos a que en los próximos años instituciones independientes nacionales e internacionales evaluarán los resultados de los compromisos que estamos proponiendo».

Itinerario de implementación
El calendario de implementación de las medidas se divide en tres fases. La primera será entre agosto y septiembre de este año y considera la convocatoria de actores económicos y sociales para la revisión de contenidos; estimaciones de espacio fiscal por crecimiento y eficiencia; preparación del proyecto sobre fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias; y ordenamiento de iniciativas procrecimiento y reforma del Estado en proyectos de ley.

La segunda se desarrollará entre octubre y diciembre de 2023 y se centrará en la conformación de la comisión de implementación, el ingreso de proyectos priorizados y la preparación del proyecto de reforma del impuesto a la Renta.

Finalmente, entre marzo y mayo del próximo año tendrá lugar la tercera fase de trabajo que contempla el ingreso al Congreso del proyecto que reforma el impuesto a la renta; así como la tramitación y despacho de los proyectos remanentes pro crecimiento y de reforma al Estado.

Comité de expertos
Dentro de las iniciativas consideradas en el Pacto Fiscal está la creación de un comité de expertos que se encargará de objetivar el espacio fiscal que puedan generar las medidas de crecimiento. La instancia estará compuesta por José Pablo Arellano, ex director de Presupuestos; Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda; José de Gregorio, ex presidente del Banco Central; Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda y ex vicepresidente del Banco Central; Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica; Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco; y Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central