6 de enero de 2026
HIDRÓGENO VERDE Y ASTRONOMÍA: EL DEBATE POR EL COSTO PAÍS DE PROTEGER LOS CIELOS DE CHILE
Aquí hidrógeno verde.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, Manuel Reyes, abordó el debate en torno al desarrollo del hidrógeno verde y la protección de los cielos del norte de Chile, a propósito de la megainversión proyectada en la comuna de Taltal.
Reyes explicó que el proyecto INNA, una iniciativa de US$10 mil millones destinada a producir hidrógeno y amoníaco verde mediante electrólisis con energía solar y eólica, ha puesto en tensión dos ambiciones estratégicas del país: liderar la descarbonización global y preservar su posición como capital mundial de la astronomía. Si bien destacó que el hidrógeno verde es una pieza clave en la transición energética y que este tipo de proyectos promete generación de empleo y exportaciones en un mercado aún incipiente, advirtió que el costo potencial puede ser demasiado alto.
Según planteó, el recurso que se arriesga es la calidad única de los cielos del norte de Chile, un activo irremplazable para la ciencia mundial. En ese contexto, recordó la relevancia de los observatorios Paranal (VLT) y Armazones (ELT), operados por el Observatorio Europeo Austral (ESO), desde donde se han realizado algunos de los descubrimientos científicos más importantes de nuestra era, como la comprobación de la relatividad general o la primera imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. A su juicio, su valor científico y simbólico es incalculable.
El académico señaló que la comunidad científica internacional, incluidos destacados premios Nobel, ha advertido sobre los impactos que tendría la cercanía del proyecto INNA, ubicado a solo entre 5 y 11 kilómetros del VLT. Entre los efectos más preocupantes mencionó la contaminación lumínica, las emisiones de polvo y, de manera crítica, las vibraciones asociadas a turbinas y faenas de construcción, capaces de degradar irreversiblemente la calidad atmosférica del sitio, con impactos incluso más severos que los de la minería o los asentamientos urbanos.
Reyes también cuestionó la actual relación costo-beneficio para el país, señalando que, a cambio de este “monopolio natural” que ofrece Chile, el país recibe apenas un 10% del tiempo de observación para sus astrónomos y algunos puestos técnicos especializados, lo que consideró una compensación claramente insuficiente frente al riesgo de perder una inversión científica que supera los US$1.400 millones y décadas de liderazgo global.
Durante la conversación, enfatizó que trasladar los observatorios no es una alternativa realista, ya que implicaría la pérdida total de esa inversión, la ruptura de series históricas de datos y un daño a la confianza de los socios internacionales. En contraste, sostuvo que el proyecto INNA sí podría reubicarse en otros puntos del norte del país igualmente favorables para el desarrollo del hidrógeno verde, pese a que sus evaluadores sostengan lo contrario.
Finalmente, el académico planteó una reflexión de fondo sobre soberanía y modelo de desarrollo, preguntándose “¿por qué Chile debe sacrificar un activo estratégico único para que otros países se beneficien de su cielo?”. En ese sentido, afirmó que proteger permanentemente los cielos no puede seguir siendo un acto unilateral y gratuito, y que es momento de exigir una renegociación con la comunidad internacional, incorporando una compensación justa o un “peaje” que cubra el costo de oportunidad de no desarrollar proyectos industriales en estos territorios y cuyos beneficios lleguen efectivamente a todos los chilenos.
Un 49% señaló que está en desacuerdo con las medidas. Además, un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.
Un 49% señaló que está en desacuerdo con las medidas. Además, un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.
