21 de febrero de 2026
ALEJANDRO AVENDAÑO: “NUEVA ALZA DE LA LUZ: POR TRES ERRORES DE LOS GOBIERNOS Y ES LA CIUDADANÍA QUIEN DEBE SUFRIR ESTAS ALZAS”
Ex dirigente sindical.
Según el ex dirigente Alejandro Avendaño Gallardo, ahora es el VAD (valor agregado de distribución) esto lo había anunciado en una nota de prensa del 14 de julio 2025 cuando señale:
A estar atentos porque va a venir otra alza relacionado con el VAD, ya que el alza de este mes de julio no será en único reajuste que impactara en el bolsillo de los consumidores, la contraloría tomo razón del decreto del valor agregado de distribución (VAD) del periodo 2020-2024, el retraso de esta publicación produjo una deuda que deberá ser re liquidada, un nuevo duro golpe para los consumidores.
Los tres errores que no son responsabilidad de la población sino de loa gobiernos de turno y que siguen golpeando fuertemente el bolsillo de los consumidores.
1. El descongelamiento de las tarifas eléctricas que superaron un alza de sobre el 64% de aumento, responsabilidad del gobierno por no haber realizado el descongelamiento antes.
2. El error en el cálculo de las tarifas eléctrica, responsabilidad el gobierno y que se devolverá en pequeñas cuotas y sin reajuste.
3. El valor agregado de distribución (VAD) del periodo 2020-2024 que al producirse un retraso de la publicación produjo esta deuda, responsabilidad del gobierno. Deuda de la distribución eléctrica se pagaría con tarifa fija de $1.450 mensuales por 48 meses
¿Qué es el VAD?
El valor agregado de distribución, o VAD corresponde a los costos de inversión y funcionamiento en los que incurriría una empresa modelo operando en el país. Es decir, es un valor aproximado de los costos de las empresas distribuidoras y que se incluye dentro de la tarifa electrica.
La pregunta que surge es porque en nuestra región de Magallanes el monto propuesto de $1.450 es el mismo de todo el país, siendo que la realidad es diferente, aquí no se debiera aplicar lo mismo que a nivel central que es un sistema interconectado y que llega desde la zona norte hasta la región de los lagos, que deja fuera de este sistema a Magallanes y Aysén y que aplica otro sistema de regulación de tarificación, y pretenden que devolvamos el mismo valor, cuando aquí Edelmag, genera, trasmite y distribuye, siendo que la tarifa del suministro eléctrico un 65,4% representa la generación eléctrica, generación que en la región de Magallanes es suministrado por gas natural a un valor privilegiado, un solo 5,9% representa la trasmisión y un 12% la distribución, como se explica esta situación en las tarifas de la eléctrica en la Región de Magallanes.
Por otra parte, el gobierno anunció en su momento una baja de un 3% en el valor de la tarifa del gas desde el año 2024 al 2028, lo que también se vio privilegiada la eléctrica y que no se refleja en el valor de lo que la ciudadanía debe pagar por su consumo, ello explicaría lo anunciado por Edelmag que sus utilidades crecieron en un 54% el año 2024.
Estas fuertes alzas de tarifas, llama la atención que nadie las reclame, las organizaciones sociales, sindicatos y pidan y exijan explicaciones a las autoridades locales, Gobernador, delegado Presidencial, parlamentarios y elevan nuestro malestar a nivel central y se de explicaciones convincentes ante esta realidad diferente que vivimos en magallanes con la energía eléctrica, finalizo señalando Avendaño.
Contraloría:
Ante el pronunciamiento que presente a la Contraloría Regional donde se solicita una serie consultas, investigación y pronunciamiento sobre las tarifas eléctricas en nuestra región, documento presentado el 12 de octubre del 2025, se recibió respuesta por parte de contraloría con fecha 15 de diciembre del 2025 y señala que lo deriva a la Superintendencia de electricidad y combustibles (SEC) con un plazo de 15 días para responder a dicha contraloría, lo que a la fecha la SEC aun no responde.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
