6 de enero de 2026
"AQUÍ NO HAY NINGUNA LEY DE AMARRE": VALLEJO RECHAZA ACUSACIONES SOBRE EL REAJUSTE PÚBLICO
La vocera aseguró que la iniciativa no busca perpetuar asesores políticos, sino exigir fundamentos en la desvinculación de funcionarios de carrera, en medio del debate legislativo por el incremento salarial estatal.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó este lunes en una jornada ordinaria iniciada a las 17:00, en la que se esperaba dar cuenta del ingreso a tramitación del proyecto de reajuste al sector público, comprometido por el Gobierno.
No obstante, el proyecto aún no ha sido ingresado formalmente. Desde la Corporación se informó que podría hacerlo mediante una "cuenta agregada", es decir, una vez iniciada la sesión, situación que abrió un debate en la Sala.
Desde el Partido Republicano cuestionaron este mecanismo, señalando: "¿Qué es esto de una cuenta agregada? Si no entró a la hora que correspondía, entonces tendrá que darse cuenta mañana".
Hasta ahora, el texto no ha sido liberado y se espera que ingrese formalmente este martes. El reajuste contempla un 3,4%, cifra que no ha concentrado el principal foco de la discusión.
La controversia se ha centrado en disposiciones que la oposición ha calificado como "normas de amarre", al exigir razones fundadas para la desvinculación de funcionarios con más de dos años de antigüedad, en un contexto marcado por el cambio de gobierno, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast.
En ese marco, la mesa del sector público y la CUT realizaron un llamado al Congreso a resguardar la estabilidad laboral, sin afectar la facultad de las futuras autoridades para designar cargos de confianza.
La coordinadora de la mesa del sector público, Laura San Martín, explicó: "Solamente se está solicitando lo que decía el contralor Bermúdez en sus dictámenes: Que a los funcionarios y funcionarias, cuando no se les vaya a renovar el contrato, por lo menos con 30 días de anticipación se les informe cuáles son las causas. Esto no tiene nada que ver con los cargos de confianza de las autoridades".
Consultada por el ingreso del proyecto, San Martín añadió: "Ingresaría a más tardar mañana en la mañana. No se puede esperar más, porque este es el primer proyecto que entra en enero y tendría que haber estado aprobado en diciembre".
"Propaganda ficticia"
Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que la iniciativa busque establecer una ley de amarre, calificando esa interpretación como una distorsión del debate: "Aquí no hay ninguna ley de amarre. Con este concepto la oposición ha tratado de instalar que el Gobierno busca apernar asesores políticos o de confianza del presidente Gabriel Boric, y no tiene nada que ver con eso".
"El Gobierno ha sido muy claro en que termina su mandato y sus asesores de confianza se van. Otra cosa muy distinta son los funcionarios públicos de carrera, respecto de los cuales lo único que se reitera es que se fundamenten las razones de la desvinculación. Esta caricatura es una propaganda muy agresiva y ficticia", indicó la vocera.
En paralelo, el Gobierno distribuyó en los ministerios un instructivo para el traspaso digital de información, que contempla la salida de todos los cargos de confianza a partir del 11 de marzo, fecha en que asumirá el nuevo Ejecutivo.
El diputado Guillermo Ramírez (UDI) cuestionó la medida, señalando: "¿Por qué era necesario este instructivo? Tengo la sospecha de que quizás era necesario porque el mismo Gobierno tiene dudas respecto de que estos funcionarios vayan a hacer lo que corresponde y tengan la actitud republicana de dejar los cargos para los cuales fueron designados por razones de confianza".
"Espero que ese temor no se materialice y que, llegado el momento, presenten su renuncia y permitan que el nuevo presidente de la República pueda nombrar a personas de confianza", declaró Ramírez.
Por otro lado, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, defendió la norma incluida en el reajuste: "Es un avance poder hacer una diferencia que hasta ahora no está en la legislación entre los trabajadores de confianza del sector público y aquellos trabajadores que son funcionarios de carrera".
"Esa diferenciación es urgente para tratar de manera más justa a los trabajadores del Estado, permitiendo que los cargos de confianza salgan cuando terminan los gobiernos correspondientes", expresó Yeomans.
Finalmente, desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) aseguraron que el proyecto ingresará durante esta jornada, aunque su cuenta formal se realizará en la sesión de este martes, momento en que se liberará el texto y comenzará su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Fuente: cooperativa.cl
El jefe comunal solicitó formalmente al Gobierno Regional que el renovado recinto cultural lleve el nombre del destacado historiador magallánico, en reconocimiento a su aporte al conocimiento y la preservación de la identidad regional.
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