Cristián Salgado, vicepresidente Legal y Regulatorio de Claro Chile
Cada 30 de noviembre, el Día Internacional de la Seguridad de la Información nos recuerda la importancia de estar protegidos. La ciberseguridad ya no es un desafío técnico reservado a especialistas, sino una condición básica para el desarrollo de un país que aspira a vivir, producir y educar en un entorno digital. Y en Chile, donde más del 90% de los hogares tiene acceso a internet, según Subtel y estudios de la UC y el OTIC CChC, ese desafío es tan grande como urgente.
Un riesgo creciente nos obliga a mirar esta efeméride desde una perspectiva distinta: la piratería digital está dejando de ser un problema cultural para transformarse en una amenaza de ciberseguridad. En 2024, los sitios dedicados a contenidos ilegales registraron más de 216 mil millones de visitas a nivel mundial. En América Latina, la penetración supera el 40% de los hogares conectados, es decir, más de 24 millones de usuarios expuestos. Esta masificación ya no puede verse como una práctica aislada ni como una “economía informal” del entretenimiento.
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Las plataformas ilegales funcionan como redes sin regulación, financiadas mediante captación de datos personales, instalación de malware, robo de identidad y explotación de vulnerabilidades en los dispositivos. Su verdadero negocio no está en el contenido, sino en la información de quienes lo consumen. La piratería dejó de ser un acceso “gratis”: se paga con datos, confianza digital y seguridad nacional.
Si Chile quiere construir una economía digital robusta, no puede normalizar una ciudadanía navegando bajo este nivel de exposición. Cuando no protegemos la información, debilitamos el desarrollo tecnológico, frenamos la innovación cultural, afectamos el empleo creativo y erosionamos la confianza en los servicios digitales, un factor clave para atraer inversión y competir globalmente.
La experiencia internacional lo demuestra. Países como Brasil han disminuido la piratería fortaleciendo la regulación, ampliando alternativas legales accesibles y articulando alianzas con industria y usuarios. Iniciativas como CERTAL en Latinoamérica o ACE en Estados Unidos y Canadá muestran que el combate a la ilegalidad es también una estrategia para proteger la economía del conocimiento y la seguridad de los ciudadanos.
Chile necesita dar ese paso. La ciberseguridad no puede seguir reducida a contraseñas, antivirus o recomendaciones técnicas. Debe asumirse como una política pública estratégica, que proteja datos, incentive la innovación, fortalezca industrias creativas y resguarde el crecimiento económico en un país cada vez más digital. Frente a esta ilegalidad manifiesta es clave un regulador proactivo y decidido.
Hoy, esta efeméride no nos pide celebrar avances, sino reconocer una alerta: cuando la piratería se normaliza, no solo se vulnera contenido; se compromete la seguridad de millones de personas y la competitividad digital de Chile. Proteger la información no es un acto individual: es una decisión país.
