El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, junto al alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo; y la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faundez, lanzaron la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y Plan de Acción 2025–2030 en un acto desarrollado este jueves en la Biblioteca Municipal de Pudahuel, con una amplia presencia de organismos involucrados y representantes de la sociedad civil.
Con este hito país, se consolida así el nuevo marco estratégico del Sistema de Reinserción Social Juvenil y se marca un punto de inflexión para Chile en esta materia. El objetivo prioritario de esta iniciativa es posicionar el compromiso del Estado con la reinserción social juvenil, como pilar central de la seguridad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurando el acceso universal a diversas prestaciones, para así promover el abandono de trayectorias delictivas.
En la instancia, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón afirmó que: "Para que nuestro país tenga seguridad pública, la reinserción social es clave. Y sobre todo la reinserción social juvenil: que logremos quebrar las trayectorias delictivas de los jóvenes que han infringido la ley va a ser fundamental para que tengamos un país más seguro en el tiempo. Es la primera vez que nuestro Estado tiene una Política Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este plan de acción tiene 129 medidas concretas de corto, mediano y largo plazo que se van a ejecutar desde el 2025 al 2030".
"Tres gobiernos de distintos signos estuvieron de acuerdo en que era una ley fundamental para realizar una reforma clave para que los jóvenes tengan la posibilidad de quebrar las trayectorias delictivas. Esta es una política de Estado que va a continuar independiente de los presupuestos de cada administración; el Estado no puede retroceder en esta materia", afirmó el secretario de Estado.
La Directora Nacional del Servicio de Reinserción Juvenil, Rocío Faúndez, afirmó que: “Con esta primera Política y Plan Nacional de Reinserción Social Juvenil, la reintegración de jóvenes que han cometido delitos deja de ser un ideal y se convierte en un deber exigible del Estado. Para el Servicio de Reinserción, este marco común es fundamental: nos entrega dirección, metas claras y el compromiso de las instituciones del estado para impulsar las prestaciones que permiten que los jóvenes estudien, trabajen y accedan a salud oportuna. Este hito marca un avance decisivo y reafirma que la reinserción es clave y es tarea de todos”.
La relevancia de este instrumento de política pública radica en su carácter intersectorial y en la articulación de todos los poderes y sectores del Estado. El Plan de Acción 2025–2030, resultado de un proceso colaborativo con más de 7 ministerios y diversos servicios, consolida 129 medidas sectoriales que operacionalizan los nueve objetivos estratégicos de la Política.
El proceso de construcción de este consolidado comenzó en 2021 con la consultoría “Delineamiento de una Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y un Plan de Acción Intersectorial en el marco de la implementación del Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil”, a cargo del Consorcio CIDENI, Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile, a través del cual se realizan diferentes talleres y actividades para definir los principios y valores de la Política, su misión y visión, así como sus metas y objetivos estratégicos.
En la actividad participó también la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; y la subsecretaria del Deporte, Emilia Ríos. Asimismo, asistió la presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura, Karen Espíndola, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y representantes de diversas instituciones públicas.
A su vez, participaron organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la reinserción, la protección de derechos y el acompañamiento comunitario, incluyendo fundaciones que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes que han infringido la ley, como Proyecto B, Juntos por la Reinserción, Reinventarse y otras entidades especializadas que colaboran con el Estado en la implementación de programas territoriales y socioeducativos.
