29 de marzo de 2024
Por las mismas horas en que el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informaba que la tasa de desocupación nacional llegó al 8,5% y que la de Magallanes alcanza el 5,8%, en La Moneda se festejaba la firma de un protocolo para la creación del Parque Nacional Cabo Froward de 126 mil hectáreas con el protagónico auspicio de la poderosa ONG norteamericana Fundación Rewilding de Kris Tompkins.
La misma que está detrás del Parque Nacional Patagonia y del proyecto de transformar todo el sur de Chile (y la Argentina) en un parque nacional en el que viva un mínimo de personas. Un Estado ecologista fanático sobre otro Estado que tuvo su primera Junta de Gobierno en 1810.
Entre ambos hechos trascendentes, uno nominal y el otro proyectivo, existe un correlato que a esta altura de los acontecimiento preocupa y mucho. Sobra decirlo, Chile es un país pequeño que al igual que Japón, Noruega, Islandia, Suecia, Irlanda, por poner ejemplos, necesita tener acceso a todos sus recursos naturales y de inteligencia poblacional, para tocar las puertas del desarrollo siempre tan esquivo.
Chile aun pertenece a ese incómodo grupo de “naciones en vía de desarrollo”, pero a lo largo de los años ha logrado despegarse de las cifras más criticas gracias a la iniciativa privada y un Estado relativamente ordenado.
Para arribar al siguiente casillero, Chile debe aplicarse al máximo en el aprovechamiento de su geografía y de su recurso humano.
Aunque sus exportaciones rondan los USD 95.000 millones, todavía está muy lejos de un país como Irlanda que informa USD 236.000 millones anuales y todavía más de los USD 285.000 millones que exporta Noruega.
Sabiendo esto, el gobierno de Gabriel Boric se ha sumado a los propósitos de ONGs internacionales que de modo unilateral vienen desde hace 30 años adquiriendo enormes fracciones de territorio para luego donarlas al Estado bajo estrictas condiciones de (no) uso.
Los números de desempleo son un reflejo de las fallas en las políticas económicas implementadas y de todo aquello que todavía nos queda por hacer en tanto cultura. Justamente porque nuestra tela es corta es que debemos aprender a usarla del modo más eficiente posible. Japón y Corea del Sur son una muestra acabada de esto.
“Junto al esfuerzo de nuestro gobierno este parque abarcará más de 120 mil hectáreas terrestres, lo que se traduce en un tesoro invaluable de la biodiversidad subantártica de nuestro país y el mundo entero”, dijo la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, durante la firma del protocolo en La Moneda. “El futuro Parque Nacional Cabo Froward protegerá refugios vitales para especies emblemáticas como el huemul, el puma, el zorro colorado y el ciprés de las Guaitecas, así como ecosistemas relevantes de turberas y bosques nativos, cuya permanencia se está viendo amenazada por la pérdida de hábitat y el cambio climático”, agregó.
El proyecto de las ONGs y el gobierno nacional es que la región de Magallanes tenga el 90% de su geografía bajo el sello “protegido”. En otras palabras, un espacio cuasi virgen donde los propios chilenos no podrán ejercer ninguna autoridad y mucho menos vivir. Pudiendo ser Noruega la aspiración es alcanzar el 0 habitantes.
Chile es hoy objeto de una brutal disputa en donde colapsan la visión etnocentrista de un grupo de millonarios y sus ONGs, con ínfulas de pretender salvar al mundo de sí mismo, y la de un país pequeño aterrizado y que comprende el origen de sus necesidades. O lo venía haciendo.
En las últimas dos décadas Chile ha intentado, con suerte diversa, ampliar su base productiva a pesar de su falta de riqueza monetaria, sus índices todavía complejos de pobreza y lo estrecho de sus fronteras. No resultó fácil para la industria superar las barreras que impone la propia maquinaria del Estado y el engorroso pantano medioambiental que recorre un camino opuesto al que enseñaron los próceres nacionales.
Cuesta imaginar que Bernardo O´Higgins pronunció antes de morir “Magallanes, Magallanes” con la postrera idea de convertirla en un remoto futuro en un parque nacional donde no viviera nadie, en especial, los propios chilenos. Sin embargo, en esa dirección van las cosas. Las ONGs están aquí para discutir la soberanía nacional.
Las exportaciones tradicionales de cobre chilenas superan los USD 42.000 millones, pero rápidamente la salmonicultura y el litio están entregando más de USD 12.000 millones en conjunto.
Noruega exporta por más de USD 10.000 millones sólo en salmonicultura y algunos análisis han mencionado la posibilidad de que en 2050 su producción se quintuplique. Sus ingresos mayores provienen del petróleo y derivados.
Chile tiene en el horizonte, en el mediano y largo plazo, a la industria del hidrógeno verde con el propósito de convertir al país en uno de los mayores proveedores del planeta. Los alcances de la salmonicultura se encuentran hoy vedados ante una pared de juicios y burocracia que desalienta la inversión. En Magallanes en apenas 2000 hectáreas el sector produce tanto como para exportar por USD 650 millones anuales y sostener 7000 empleos. Una cifra que lo ubica como el máximo exportador de una región que vende por USD 1200 millones.
Para cumplir los sueños de crecimiento se necesita territorio, mar y un uso inteligente de los recursos naturales. Lo vienen demostrando Alemania, Estados Unidos y tantos otros países del Primer Mundo. Es justo lo que pretenden negar estas ONGs. ¿Propósitos? Hay variados. Algunas responden a competidores internacionales, otras a visiones mesiánicas delirantes por parte de mega millonarios, otras a intereses sectoriales extranjeros tanto políticos como económicos. El mapa requiere de un profundo análisis.
El taller se realizó en el marco del Programa de Acompañamiento a Organizaciones de Usuarios 2024 que ejecuta la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas en colaboración con la Universidad de Chile a través del Laboratorio de Análisis Territorial (LAT) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
El taller se realizó en el marco del Programa de Acompañamiento a Organizaciones de Usuarios 2024 que ejecuta la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas en colaboración con la Universidad de Chile a través del Laboratorio de Análisis Territorial (LAT) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.