2 de diciembre de 2023
SENADOR KUSANOVIC PRESENTA PROYECTO QUE BUSCA AUMENTAR LAS SANCIONES POR DISCRIMINACIÓN QUE SE MOTIVEN EN LA DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Según los últimos resultados dados a conocer por la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE), en Chile hay 2.703.893 de personas adultas con discapacidad, lo que equivale a un 17,6% de la población adulta del país. A pesar de […]
Según los últimos resultados dados a conocer por la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE), en Chile hay 2.703.893 de personas adultas con discapacidad, lo que equivale a un 17,6% de la población adulta del país. A pesar de ser unos de los colectivos más grandes del país y haber actualizado nuestra legislación para resguardar sus derechos subsisten prácticas discriminatorias como también los desafíos para su plena inclusión social.
Ante este escenario, el senador Alejandro Kusanovic apoyado por los integrantes de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad junto a la senadora Campillai, presento un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones cuando se discrimine por motivo de discapacidad y perfecciona el mecanismo judicial para ello. El parlamentario justificó su moción señalando que “a pesar de todas las leyes y derechos que aseguran su inclusión social, aún no pueden gozar los mismos derechos que todo chileno, aún persiste su exclusión en ámbitos tan importantes como el educativo y el laboral, por lo que tenemos que poner freno a estas conductas y tomar medidas concretas para ello”.
En el detalle, la iniciativa legal propone aumentar las sanciones al autor por discriminación pasando de las 10 UTM actuales (639.660 de pesos) a las 30 UTM (1.918.800 de pesos) en su rango mínimo y de 120 UTM (7.675.200 de pesos) a las 200 UTM (12.792.000) en su rango máximo. Además, la iniciativa busca perfeccionar los procedimientos judiciales que contempla la ley 20.422 que “Establece Medidas de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad”.
Para Kusanovic esto es primordial, según detalló “tenemos que desincentivar estas conductas que terminan dañando a las personas y a sus familias, cerrándole las puertas a otros derechos, por lo que necesitamos sanciones realmente ejemplares para que se cumpla la ley”.
Un 69% piensa que la prioridad del gobierno debiese ser la delincuencia, seguida de lejos por salud (25%) y economía (22%). Sin embargo, sólo el 29% opina que es el tema al que el Ejecutivo le dedica más tiempo y esfuerzo.
Un 69% piensa que la prioridad del gobierno debiese ser la delincuencia, seguida de lejos por salud (25%) y economía (22%). Sin embargo, sólo el 29% opina que es el tema al que el Ejecutivo le dedica más tiempo y esfuerzo.
