20 de septiembre de 2025
CÁMARA APROBÓ LEY QUE EXTIENDE VIGENCIA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD PARA ADULTOS MAYORES
Cámara aprobó ley que extiende a 20 años la vigencia de cédulas para mayores de 80 y adultos mayores con dependencia severa en Chile.
El 1 de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en forma unánime y despachó a ley un proyecto que extiende la vigencia de las cédulas de identidad de ciertos adultos mayores en Chile.
Según informó la propia Cámara, actualmente el Registro Civil cuenta con atención domiciliaria para personas discapacitadas, con dependencia severa y adultos mayores, “este último grupo representa una proporción creciente de la población”. Además, destacaron que la renovación de la cédula por caducidad “requiere una gran movilización de recursos del Registro Civil”, lo que motivó la aprobación de la iniciativa, ya que permitirá “descongestionar el sistema”. La propuesta recibió 120 votos a favor en la Sala.
Con esta nueva ley, la vigencia de la cédula de quienes cumplan 80 años se extenderá a 20 años, en lugar de los 10 habituales. La medida también beneficiará a personas mayores de 60 años que se encuentren postradas o tengan dependencia severa, siempre que estén certificadas por un centro de salud.
La extensión de la vigencia aplica únicamente dentro del territorio nacional. En caso de que los beneficiados requieran usar la cédula como documento de viaje internacional, deberán renovarla si ya han transcurrido más de 10 años desde su emisión.
El proyecto de ley fue presentado en 2023 por los parlamentarios del Frente Amplio Claudia Mix, Félix Bugueño, Camila Rojas y Patricio Rosas. En el documento original, los legisladores señalaron que los grupos beneficiados por la iniciativa “tienen dificultades para desplazarse y generalmente son más vulnerables a diversas enfermedades, particularmente a las infecciones respiratorias que tanto daño han causado últimamente a la población”.
El Mostrador
Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.
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