Desde principios de año que los centros de diálisis advierten que están funcionando con pérdidas. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Chile, a petición de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Fonasa, reveló que en 2022 el precio de cada sesión de diálisis iba entre $ 66.999 y $ 68.055, lo que equivale entre un 8,4% y un 10,05% por encima del arancel o precio licitado tope fijado por la aseguradora pública de salud, que corresponde a $ 61.780. Esto significa que, en el periodo analizado (2022), el promedio de los centros de diálisis funcionaron con un 10% de pérdidas o más cada mes.

Y a pesar de que en abril de este año los aranceles subieron a $ 65.669 y $ 70.180, una nueva estimación realizada en base al mismo estudio advierte que los centros siguen funcionando con pérdidas, pues este año el costo de cada sesión está entre $ 67.813 y $ 74.343. Es decir, los establecimientos siguieron funcionando con una pérdida cercana al 10% cada mes, lo que configuraría un total de 21 mil millones de pesos al año.

En ese contexto, la Alianza Diálisis es Vida, formada en mayo de 2021 por cinco organizaciones de la sociedad civil que agrupan a pacientes, médicos, enfermeras y prestadores, advierte que los centros de diálisis están en “grave riesgo” de quiebra, pues atraviesan una compleja situación financiera.

“Para el 2022 el nivel de pérdidas fue alrededor de 19 mil millones de pesos y, para este año, a pesar de los ajustes que realizó Fonasa, que fueron insuficientes, la pérdida va estar cerca de los $ 21 mil millones. Es decir, entre ambos años vamos a sumar cerca de 41 mil millones de pesos de pérdida para todos los centros de diálisis del país, lo que nos parece que no es una situación sostenible”, afirma el presidente de la Asociación Nacional de Diálisis Independiente (Anadi), François Rius.

Asimismo, Rius explica que esta situación es compleja, pues el posible quiebre de centros afectaría a miles de personas. De acuerdo a las cifras nacionales, hay más de 25 mil pacientes con alguna enfermedad crónica renal dependiente de este tipo de prestaciones, y se estima que este número aumenta cada año en alrededor del 3,4%. Además, de acuerdo a Anadi, el 90% de los pacientes que necesitan diálisis se atienden en centros privados y, al mismo tiempo, el 95% de ellos son beneficiarios de Fonasa. De ahí que recalquen la importancia de estos centros.

Tomás Fernández, miembro de Alianza Diálisis es Vida y representante de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (Asodi), cuenta que a los pacientes también les preocupa la situación de los centros: “Los hospitales no tienen capacidad para las 25 mil personas, entonces, ¿dónde nos dialisamos si cierran los centros? Otra preocupación es cómo podemos tener la tranquilidad de una buena calidad de diálisis o si van a mejorar si los centros funcionan con pérdidas”.

Las medidas

Nancy Dawson, jefa de gestión comercial de Fonasa, explica en términos concretos que “los precios ofertados por los prestadores se mantendrán durante cada año calendario de vigencia del contrato y se reajustarán en forma automática al cabo de ese período en el mismo porcentaje de variación del arancel de la Modalidad de Atención Institucional de la Ley N° 18.469, de acuerdo con la aplicación de los inflactores anuales determinados por el Ministerio de Hacienda. En el caso del 2023, el inflactor fue de un 6,3%”.

Eso sí, agrega que para encontrar una solución, en junio de este año aplicaron una encuesta a los prestadores para ver la posibilidad de generar un cese de los contratos por mutuo acuerdo y así poder llegar a una solución más adelantada. Sin embargo, añade, un tercio de los prestadores señaló no estar de acuerdo con adelantar la licitación, lo que imposibilita a Fonasa a usar dicha causal. Por el momento, mientras se exploran otras alternativas que permitan realizar lo antes posible otro proceso licitatorio, Fonasa está modelando las nuevas bases, las que entrarían en vigencia en enero de 2025, es decir, durante 2024 el cálculo se mantendría como hasta hoy.

El presidente de Anadi, eso sí, sale al paso y cuenta que “hay una relación de desconfianza histórica entre los prestadores y Fonasa por diversos motivos. Además, la encuesta tampoco fue muy precisa en cuanto a los efectos que iba a producir, por lo tanto una parte de los prestadores respondieron que ‘no’”.

Por eso, agrega que, según han analizado, hay otras medidas que se pueden tomar: “Lo que nosotros vemos como solución es que se discuta y se trabaje dentro de la Ley de Presupuesto 2024 un aumento en los aranceles en torno al 15%, solamente para cubrir los costos de la atención. Esperamos que los parlamentarios nos puedan apoyar”.

Debido a esta situación, este martes asistirán a la Comisión de Salud del Senado el director de Fonasa, Camilo Cid, y el presidente de Anadi.

Fuente: latercera.com