«Tenemos un enemigo común, la corrupción», así evaluó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, su participación en la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamiento Precarios del Minvu.

Tras exponer, por más de dos horas, en la instancia fiscalizadora, el secretario de Estado señaló que «hemos tenido una sesión bastante seria y colaborativa en el sentido de buscar, a raíz de los problemas, terminar con mucha claridad los hechos de corrupción y tratar de ver alternativas para enfrentar los problemas para adelante». Y agregó que «he quedado muy satisfecho del tono, de la seriedad de todos los parlamentarios y de las preguntas, bien a fondo, para poder profundizar en nuestro trabajo y también el trabajo de la comisión», añadió.

La presentación del titular del Minvu se estructuró en siete partes: introducción, diagnóstico de la realidad de los campamentos como un desafío ineludible de la sociedad, una revisión de la política pública para campamentos, las medidas e investigaciones internas de la cartera frente al caso Convenios, el detalle de la operación financiera del Programa de Asentamientos Precarios y las conclusiones, además del anuncio de futuras medidas.

Al iniciar su exposición, el ministro Montes solicitó unos minutos de sesión secreta, justificando su petición en que debía entregar a las y los parlamentarios antecedentes que no podían ser entregados de manera pública. «Quisimos hacerlo así porque queremos ser serios, no queremos aparecer vinculando a personas con hechos sin que ellos tengan la posibilidad de decir cuáles son sus argumentos. Hay que ser serios, acá no importa la noticia, acá importa llegar al origen del problema, a las soluciones y que se sancione a los responsables», aseguró.

El ministro Montes valoró la labor de la comisión investigadora de la Cámara Baja, expresando que «espero que de aquí surjan propuestas de medidas que permitan evitar que la corrupción penetre en nuestras instituciones. La falta de probidad y el mal uso de los recursos públicos no solo atenta contra la fe pública, sino que socava las bases de la democracia«.

Pasando al diagnóstico de la realidad de los asentamientos precarios en Chile, el jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo apuntó que «enfrentar esta crisis no puede suponer olvidar el centro de nuestros compromisos: las familias que se han visto obligadas a vivir en campamentos. Nadie puede estar conforme con que en el periodo en que Chile más creció económicamente, crece el déficit habitacional y crecen los campamentos. No es aceptable que 650 mil personas no puedan acceder a una vivienda digna».

Por su parte, respecto de la crisis de convenios, iniciada a partir del caso de Democracia Viva, expresó que «tiene un impacto evidente en varios planos. Ha instalado la desconfianza de la comunidad en las acciones del ministerio. Ha generado una semiparalización en el programa y un impacto negativo en el conjunto de las actividades. También se ha expresado el cuestionamiento político a quienes tenemos la responsabilidad de conducir el ministerio. Frente a esto, queremos exponer con total transparencia a esta instancia cómo hemos enfrentado esta dolorosa realidad».

Posteriormente, el secretario de Estado se refirió a los factores que habrían contribuido a la crisis, nombrando el crecimiento explosivo de campamentos, la falta de correspondencia entre su crecimiento y la capacidad institucional para abordarlos y la incorporación de fundaciones para ampliar la capacidad de intervención con bajas exigencias de fiscalización.

En seguida, enumeró todas las medidas que tomó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para enfrentar el caso Fundaciones, contemplando la renuncia de una subsecretaria y dos seremis, la detención en la firma de nuevos convenios bajo el modelo actual, las acciones de investigación interna, la colaboración con las indagatorias del Ministerio Público y la Contraloría, las gestiones para recuperar los recursos destinados a campamentos y la presentación de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia de la cartera, entre otras.

Acerca de la operación financiera del Programa de Asentamientos Precarios, el titular del Minvu explicó que este «ha representado históricamente un bajo porcentaje de recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el año 2022 representó 0,9% del presupuesto; el año 2023, en ejecución, el 0,3%».

Finalizando su exposición, el ministro Carlos Montes esbozó que la cartera hará «una reorganización bastante fuerte de todo el modelo global del ministerio en lo que se refiere al Programa de Asentamientos Precarios, en su articulación con el ministerio, con los municipios, con otros ministerios y también con la cantidad de personas, el equipo y las condiciones. El equipo que tenemos hoy día no da para tener la capacidad de fiscalización».

«Es importante resaltar que tenemos la más alta valoración por el trabajo honesto de las fundaciones. O sea, aquí pretender descalificar a todas las fundaciones por igual no da cuenta de la realidad. Hasta el momento, con la información que tenemos, son contadas las que han cometido irregularidades. El grueso tiene un aporte que hacer», concluyó.

46 medidas de la Comisión para la relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado

Sobre la entrega de las 46 medidas que propuso la «Comisión para la relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado», que recibió esta jornada el presidente de la República, Gabriel Boric, el secretario de Estado aseguró que «hay que enfrentar la ineficiencia cuando la haya y en el caso específico de las medidas planteadas, nos parece que están muy en la sintonía de lo que estamos trabajando». De hecho, el ministro Montes recordó que el Minvu presentó, hace unas semanas, una agenda de modernización que es «tremendamente coincidente con lo propuesto» esta mañana.