Chile ha entrado oficialmente este viernes en modo campaña para el plebiscito del 17 de diciembre, cuando unos 13 millones de chilenos voten si quieren reemplazar la Constitución vigente por la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional, dominado por las derechas. El Gobierno de Gabriel Boric ha lanzado esta mañana puestos de distribución gratuita del texto en distintos rincones del país, además de ponerlo a disposición por internet, en formato escrito y de audio. Los equipos de la opción A Favor y la del En Contra –predominantemente de la derecha y la izquierda oficialista, respectivamente– han lanzado sus avisos de campaña en televisión, a un mes extracto del referéndum constitucional, el segundo intento tras el fracaso del proceso anterior (cuando el 62% de los votantes rechazó la propuesta redactada por una convención dominada por las izquierdas).

La discusión por enterrar la Ley Fundamental nacida en la dictadura de Augusto Pinochet y reformada unas 60 veces desde 1989, ha marcado la política chilena desde el estallido social en 2019. El resultado del plebiscito de diciembre está abierto, aunque todas las encuestas dan como ganadora a la opción que rechazará el texto. El 50% se declara En Contra, mientras un 32% dice estar A Favor, de acuerdo a la encuestadora Cadem. El papel clave lo jugarán el 18% de electores que se declaran indecisos, según el mismo sondeo, y es a ellos a los que intentarán convencer los partidos en estas cuatro semanas.

La derecha está observando con lupa el papel de la Administración de Boric, que se la jugó por aprobar la propuesta fallida de 2022, en la difusión de la nueva propuesta. La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, inauguró este viernes un puesto de entrega en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda. La Secretaria General de Gobierno (Segegob) abrió una licitación por 750 millones de pesos (unos 850.000 dólares) para realizar la campaña informativa. En el plebiscito anterior, del 4 de septiembre de 2022, la cifra rondó los 980.000 millones de pesos. “El año pasado había un presupuesto aprobado para la Convención Constitucional cuyos recursos, la misma Convención, pidió destinar a la impresión de textos a través de la Segegob”, explicó Vallejo, que aclaró que su ministerio mantuvo los recursos destinados a la impresión de textos.

El lema de la campaña del Ejecutivo es Chile Vota Informado y contará con avisos en televisión abierta, radios, redes sociales y publicidad en las calles. La entrega de los ejemplares será en estaciones del Metro de Santiago y en espacios concurridos como plazas, ferias y a través de la Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno (Seremis) a lo largo de Chile. Los dos mensajes claves que intentan traspasar son la importancia del voto informado y que el sufragio es obligatorio.

Arrancan las franjas electorales

Uno de los principales músculos de las campañas electorales en Chile son las franjas televisivas, que se difunden diariamente en todos los canales nacionales. Los partidos políticos, separados en distintos grupos, han difundido este viernes sus primeros vídeos para cazar votantes. Los que están En Contra –desde la centroizquierda de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista– y los que están por el A Favor –desde nuevas formaciones que se autodefinen de centro hasta el Partido Republicano– han coincidido en un mensaje entregado a la ciudadanía: con su opción se pone fin al proceso constitucional, haciendo eco del hartazgo que ha demostrado la ciudadanía con el tema.

La campaña audiovisual del En Contra se centra en la falta de garantías que ofrece el texto, según dicen, en temas como el derecho a la educación y la salud. También que supone un retroceso para las mujeres, particularmente en el tema de aborto en tres causales que podría estar en peligro si se aprueba la propuesta. La falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la ausencia de normas para mejorar las pensiones son otros de los temas destacados.

Los partidos que están A Favor remarcan en su campaña que la propuesta es mejor que la Constitución actual. Ponen el foco en las medidas que, según plantean, mejoran la seguridad, la persecución a los corruptos y la economía. Subrayan la garantía de poder elegir la educación de los hijos y el sistema de salud. Sobre la crítica de que significa un retroceso para las mujeres, destacan la paridad de entrada en cargos políticos –no de salida– y la igualdad salarial.

De no aprobarse el texto el 17 de diciembre, Chile no insistiría en un nuevo proceso y se quedaría con la Constitución actual.