Una nueva sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública tuvo lugar esta semana en la Región de Magallanes, el que estuvo liderado por la Delegación Presidencial Regional y la Coordinación Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y contó con la participación de municipios, policías y diferentes instituciones de la región.
El objetivo de esta instancia fue realizar un balance de los avances en las medidas implementadas durante el año recién pasado y presentar el diagnóstico para la elaboración de los nuevos planes regionales de seguridad pública para el año 2024.
Los diagnósticos de la situación de seguridad de cada región se construyen a partir de tres fuentes. En primer lugar, el análisis de los casos policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que son ponderados según su gravedad. En segundo lugar, la Consulta Comunal de Percepción de Seguridad, en la que se pregunta a los diferentes actores locales sobre sus prioridades y principales problemas de seguridad. Y, en tercer lugar, la Consulta Comunal Rural, que por primera vez se aplicó a 270 comunas rurales y semi rurales del país, a fin de conocer de manera diferenciada los fenómenos delictuales que más las afectan.
A partir de los diagnósticos, cada año se elabora un plan regional de seguridad pública, el cual establece los tres delitos priorizados, las incivilidades, los problemas de seguridad emergentes para cada región, una prioridad rural, así como una serie de compromisos para abordarlos.
En la Región de Magallanes se definieron como delitos priorizados las violaciones y otros delitos sexuales, los crímenes y delitos asociados a la Ley de Drogas, y la violencia intrafamiliar, este último circunscrito como “delito transversal” a nivel nacional. En tanto, el consumo de alcohol en la vía pública y los daños contra los bienes públicos fueron calificados como las principales incivilidades a abordar en las estrategias de seguridad de manera coordinada. Además, se definió como delito emergente la violencia escolar, y el abigeato como prioridad rural.
“La seguridad pública se requiere de transversalidad política y también de interseccionalidad. Por eso se valora mucho la asistencia de prácticamente todos los alcaldes, alcaldesas, las delegaciones presidenciales provinciales, Carabineros, la Policía de Investigaciones y las jefaturas de servicios y direcciones que abordan el tema de seguridad”, señaló el delegado presidencial regional, José Ruiz.
Por su parte, Carla Barrientos, coordinadora regional de seguridad pública destacó que “durante el año 2023 se comprometieron más de 100 acciones por parte de las instituciones que participan en este Consejo Regional de Seguridad Pública. Y seguiremos trabajando durante el año de manera más coordinada con las instituciones para poder de alguna u otra forma frenar las situaciones que tanto afectan a nuestra ciudadanía”.
