10 de mayo de 2024
TODOS CONTAMOS, PERO ELLOS MÁS
Por Álvaro Rondón, Jefe de Operación Social Hogar de Cristo
Hogar de Cristo y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) firmaron un convenio de colaboración para contabilizar y caracterizar a las personas en situación de calle. Es la primera vez que se realizará un proceso tan riguroso en esta importante tarea por saber cuántas y cómo son las personas más excluidas de Chile.
Si nos cuentan, contamos. Somos considerados para todas las políticas públicas –ese es el sentido de los censos de población–. Sin duda, no hay población más invisibilizada que la formada por quienes no tienen donde vivir, por eso contarlos a ellos es tan relevante.
En la región de Magallanes y Antártica Chilena, viene funcionando una mesa de trabajo del Operativo Calle del Vigésimo Censo de Población y Noveno de Vivienda. Esta instancia fue convocada por el INE y el Hogar de Cristo Magallanes ha participado en forma activa, colaborando en el establecimiento de criterios de trabajo, divulgación y promoción del operativo e identificación de los puntos de calle, entre otras acciones. Para nosotros se trata de una oportunidad concreta y valiosísima para alcanzar la máxima cobertura posible e identificar la realidad actual de este grupo que ha ido creciendo visiblemente en el último tiempo.
El próximo lunes 13 de mayo se dará inicio al Censo Calle en la Región. Ese día, el equipo Hogar de Cristo se concentrará en las dependencias de la Hospedería Punta Arenas de Avenida España para hacer el conteo en esa vivienda colectiva y luego se desplegará por los más de 20 puntos de calle de la ciudad previamente identificados en el marco de la mesa de colaboración para el Censo para apoyar a los censistas en las entrevistas. Simultáneamente, sucederá lo propio en Puerto Natales.
Con todo, esperamos censar a poco más de 150 personas en situación de calle en la región más austral del mundo, donde el extremo geográfico y climático se une a la vida extrema que llevan estos hombres y mujeres.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
