9 de abril de 2024
AVANZA PROYECTO DEL GOBIERNO PARA CONTAR CON TRIBUNALES DE EJECUCIÓN DE PENA
La Seremi subrayó que hay actualmente cerca de 54 mil personas privadas de libertad y unas 145 mil sujetas a control, lo que hace tan relevante contar con estos tribunales especializados.
A menos de un mes de que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y DD.HH., ingresara una indicación que permite la creación de los Tribunales de Ejecución de Penas, este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta anhelada iniciativa, la cual pasará ahora a segundo trámite legislativo en la cámara revisora.
La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, destacó este avance que “redunda en la modernización del sistema penal y se cumple con el compromiso de Gobierno enmarcado en el ámbito de seguridad ciudadana y prevención del delito”.
La autoridad señaló que esta acción legislativa se enmarca en la actual situación penitenciaria que vive el país, con un alza sin precedentes de la población privada de libertad. La aprobación de la moción aspira a contar con la presencia de tribunales especializados en la ejecución de las penas, al no existir en Chile jueces de vigilancia penitenciaria o de ejecución de penas.
Al respecto, manifestó que la ejecución de la pena “es clave para permitir que aquellas condenas dictadas por los tribunales se cumplan adecuadamente, además de cautelar los derechos de las personas condenadas y, en el largo plazo, garantizar la reinserción de los penados y la seguridad pública”.
El aspecto principal de la ley apunta al necesario establecimiento de un control de carácter jurisdiccional respecto de la fase de la ejecución de la pena, como lo han hecho ver distintas instituciones que participan del sistema de justicia penal, así como centros de estudio, parlamentarios y también por parte de la doctrina.
La Seremi subrayó que hay actualmente cerca de 54 mil personas privadas de libertad y unas 145 mil sujetas a control, lo que hace tan relevante contar con estos tribunales especializados. La norma establece una implementación gradual de tribunales de ejecución de penas y medidas de seguridad en 14 territorios jurisdiccionales, además de incorporar 36 salas preferentes (en juzgados de garantía) en otras comunas que cuenten con establecimientos penitenciarios del sistema cerrado dentro de su jurisdicción.
La cifra representa un aumento de 14,2% en comparación con el mismo periodo de 2024 y en su mayoría corresponde a casos asociados al ámbito de la convivencia.
La cifra representa un aumento de 14,2% en comparación con el mismo periodo de 2024 y en su mayoría corresponde a casos asociados al ámbito de la convivencia.
