Para proteger y conservar los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común (SHAC) de Punta Arenas y Río Calafate, la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP emitió las declaraciones de zona de prohibición para estos SHACS con el fin de evitar su sobreexplotación, resguardando los derechos de aprovechamiento de aguas ya constituidos y limitando la constitución de nuevos. Las resoluciones que así lo establecen fueron publicadas este lunes 15 de mayo en el Diario Oficial.

La SEREMI de Obras Públicas, Dahián Oyarzún, en un encuentro con la comunidad de Punta Arenas para difundir el alcance de las declaraciones, sostuvo que “la medida es una acción concreta para combatir el déficit hídrico, entendiendo que la gestión del agua se vuelve cada vez más compleja, donde el énfasis ha pasado de la simple provisión de agua, al mejoramiento de la gestión de este vital recurso”.

A nivel país son 104 las declaraciones de zonas de prohibición, incluyendo estas dos de Magallanes, lo cual obedece a una planificación de la DGA para ampliar la cobertura nacional en el uso de esta herramienta para la protección de las fuentes naturales de agua subterránea y que sus niveles freáticos se mantengan estables en el tiempo.

“El mandato que tenemos es claro, junto con asegurar el consumo humano de agua también debemos velar por la función de preservación ecosistémica que cumplen las aguas. En el caso de ambos sectores hidrogeológicos, fue necesario hacer uso de esta herramienta, ya que las aguas subterráneas allí existentes se encuentran totalmente comprometidas, haciendo imposible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas ya sean definitivas o provisionales”, señaló la directora regional de Aguas, Lorena Olivares.

Agregó que complementariamente a la medida, de constatarse que la explotación de las aguas subterráneas produce una degradación del acuífero o de una parte del mismo, la DGA podrá por iniciativa propia o a petición de terceros, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento en la zona degradada.

A su vez, Carlos Flores, jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la DGA, manifestó que una declaración de zona de prohibición trae aparejada la obligación de los titulares de derechos de conformar comunidades de aguas subterráneas. “La reforma al Código de Aguas estableció que una vez declarada una zona de prohibición, en un plazo de un año, deben conformar una comunidad de aguas subterráneas. El propósito es que las personas se organicen para el control de extracciones con el objeto de gestionar de manera sustentable el acuífero a través del manejo de la información de usuarias y usuarios, pozos y disponibilidad del recurso en el SHAC, y tener a las y los usuarios organizados tomando las decisiones desde un enfoque colectivo y local”.

Flores señaló que para llegar a emplear esta herramienta de protección se realizó en diciembre de 2022 un informe de determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común y estimación de la recarga de aguas subterráneas en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, arrojando que la oferta de recursos hídricos de m³ por año en el SHAC Punta Arenas es de 4.689.787. Posteriormente, en marzo de 2023 se realizó un informe de análisis de disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en dicho SHAC, el cual indicó que “del análisis de ambos informes se establece que la demanda de aguas subterráneas comprometida al 20 de enero de 2023 (11.018.857 m³/año) supera el volumen sustentable (4.689.787 m³/año), estimándose que existe riesgo de grave disminución del acuífero”.

“En palabras simples, la disponibilidad de aguas subterráneas en el SHAC Punta Arenas supera la demanda, por lo que hay que actuar ahora y frenar el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas y al mismo tiempo implementar el sistema de monitoreo de extracciones efectivas para un adecuado control”, comentó Flores.

El mismo ejercicio se realizó con el SHAC Río Calafate, en la comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego, determinándose que la oferta de recursos hídricos es de 464.282 m³ al año y que la demanda comprometida al 20 de enero de 2023 es de 946.080 m³/año. “Los números hablan por sí solos, lo efectivamente sustentable es inferior a lo que se requiere para atender la demanda de los titulares en un año. Por eso la necesidad de organizarse en una comunidad para avanzar en una gestión sustentable del recurso”, señaló Flores.

Por último, la directora regional de Aguas indicó que prontamente se convocará a los titulares de derechos de los SHACS de Punta Arenas y Río Calafate para iniciar el trabajo conducente a la conformación de las comunidades de aguas subterráneas. “Es un hecho que nuestra región no está ajena a los vaivenes del cambio climático ni a la explosión demográfica y crecimiento productivo, por lo que urge avanzar en un trabajo colectivo para conformar las organizaciones de usuarios de aguas y gestionar el recurso hídrico de manera sustentable”, concluyó Olivares.