EN EL DÍA DE LA TIERRA EXPLICAN ALCANCES DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

Este 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, un momento para reflexionar sobre cómo los países aportan a mejorar las condiciones medioambientales en relación al cambio climático que hoy se vive.
En este contexto, el tratado de Escazú es un paso adelante en esta materia, siendo el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, incluyendo por primera vez disposiciones específicas sobre derechos humanos en asuntos ambientales.
La profesora Marcela Fernández, abogada senior en Derecho Ambiental y profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, valoró la adhesión del país a este acuerdo multilateral, que ya han ratificado 25 estados y que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en esta materia.
La experta explicó que, en relación a estos tres ejes principales, en nuestro país se deberán garantizar estos derechos de ahora en adelante.
“Hay algunos elementos esenciales, como el acceso a la información medio ambiental, lo que permitirá la posibilidad de participar de las decisiones de las autoridades, así como la posibilidad de acceder a la justicia en esta área”, precisó.
Fernández indicó que lo relevante es que, “el Tratado incluye algunos principios fundamentales, como el que funda la Democracia, que se refieren a la Igualdad y la No Discriminación, así como el de Transparencia, de responder a las actuaciones y rendición de cuentas, como también al de No Regresión y Progresividad, que implica nunca volver atrás en una situación medioambiental mejorada, sino de seguir siempre hacia adelante”, describió.
La experta destacó que además el Acuerdo considera el principio Preventivo y Precautorio y el de Equidad intergeneracional, “en el sentido de garantizar que exista una equidad no sólo a nivel de las generaciones actuales, sino también de las futuras”.
“El tratado establece la obligación de las autoridades a entregar la información al público de manera sencilla y no con un lenguaje de tipo técnico, para que todas las personas puedan entender. Esto implica el derecho a ser informado, y a solicitar y recibir información de las autoridades involucradas”, relevó.
Escazú, además, incorpora un trato especial a las personas o grupos considerados en situación de vulnerabilidad, para que tengan igualdad en su proceso de acceso y participación en la información.

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