2 de agosto de 2024
FORTALECIENDO LA CAPACITACIÓN, MAGALLANES SE SUMÓ A DÍA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Desde 2008, la MITP reúne a más de 22 instituciones estatales, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, y dentro de su agenda de trabajo permanente, la Mesa Intersectorial de Trata de Personas (MITP) de Magallanes, impartió una interactiva jornada de capacitación a funcionarios y funcionarias del sector Salud, poniendo foco en la grave vulneración a los Derechos Humanos que entraña este delito.
La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, y el Director Regional del Servicio Nacional de Migraciones, Óscar Valenzuela, encabezaron dicha actividad, organizada por la subcomisión de Promoción y Sensibilización de la Mesa MITP, y que apunta a la prevención, protección de víctimas y al fortalecimiento de la persecución penal de este delito.
Esta actividad contó con exposiciones a cargo de: Ira Larrondo Ortiz, académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes, y de Natacha Oyarzún, Coordinadora, y Carola Chandía Gómez, psicóloga del Centro de Apoyo a Víctimas, CAVD Punta Arenas.
En la oportunidad, la Seremi Michelle Peutat, subrayó que desde 2013 se conmemora el Día Mundial contra la Trata para poder visibilizar este deleznable delito, “que es una especie de esclavitud moderna que sigue ocurriendo y que afecta a grupos dentro la sociedad que son especialmente vulnerables desde un aspecto económico, muy ligados muchas veces a situaciones de pobreza y discriminación, pero también a grupos específicos y mayoritariamente mujeres y niños, niñas y adolescentes y personas migrantes”.
En la misma línea, el Director de Migraciones, Óscar Valenzuela, manifestó que este delito tiene tres dimensiones: abuso laboral, abuso sexual y tráfico de órganos, y representa un gran emprendimiento privado que mueve una “industria” de 150 mil millones de dólares al año, según estimaciones de las Naciones Unidas, y que equivale a la mitad del Producto Interno Bruto anual de Chile.
La Región de Magallanes registra cinco causas de trata de personas entre los años 2011 y 2022, con un total de 17 víctimas afectadas por este delito. Al respecto, las expositoras dieron cuenta de esta grave vulneración contra la dignidad y libertad de las personas (cosificación de la persona), al afectar seriamente su integridad física y psíquica.
Como una denuncia poco frecuente, cuesta identificar las señales de alerta y en ese sentido cobran valor los indicadores o conductas que la víctima pueda evidenciar por ejemplo cuando acude a un servicio público a realizar un trámite. Así, se vuelve relevante dotar de herramientas a los funcionarios del Estado para que éstos ante una sospecha, activen, mediante una denuncia, al sistema judicial. En eso consiste el trabajo de la MITP a nivel regional, al aportar elementos básicos a funcionarias y funcionarios públicos para contribuir en la pesquisa de personas que son víctimas de trata, y así dar cuenta de alguna situación de explotación referida al delito.
Desde 2008, la MITP reúne a más de 22 instituciones estatales, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. En la Región de Magallanes, desde 2023 ha desarrollado cuatro operativos de fiscalización, supervisando a 172 personas y ha capacitado a más de 130 representantes del sector público que a nivel regional han recibido esta formación en el último año, inserta en un plan de promoción, sensibilización y capacitación.
En términos de difusión, destaca la elaboración de la guía de bolsillo “Identificación y Acción frente a la Trata de Personas” para funcionarios públicos, siendo éste el primer material que se genera a nivel nacional con perspectiva regional para prevenir y educar en torno a este delito, que hoy es una prioridad estatal, abordada de manera intersectorial e interdisciplinaria.
La medida rige desde el 15 de mayo entre las regiones de Atacama y Magallanes, a fin de proteger a la población de eventuales desbordes de caudales.
La medida rige desde el 15 de mayo entre las regiones de Atacama y Magallanes, a fin de proteger a la población de eventuales desbordes de caudales.
