1 de mayo de 2026
SENADOR KARIM BIANCHI DENUNCIA COBROS DE CONTRIBUCIONES A VIVIENDAS SOCIALES Y ALERTA RIESGO DE REMATES DE SEDES VECINALES
El parlamentario acusó una situación que afecta a familias vulnerables y organizaciones comunitarias, con deudas millonarias que incluso podrían terminar en remates.
El senador Karim Bianchi, junto a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, y dirigentes sociales, denunció el cobro de contribuciones a viviendas sociales y el riesgo de remate de sedes vecinales debido a deudas acumuladas.
El parlamentario calificó como “inaceptable” que familias vulnerables estén siendo gravadas con estos pagos, advirtiendo que incluso personas con algún grado de incapacidad enfrentan hoy el riesgo de perder sus viviendas. En ese contexto, anunció que se realizará una denuncia formal para revisar estos casos.
Asimismo, alertó sobre situaciones que afectan a organizaciones comunitarias, mencionando el caso de una sede social que acumulaba una deuda superior a 35 millones de pesos y que estuvo a punto de ser rematada. Ante esto, informó que oficiará al Servicio de Impuestos Internos para que se revisen estas situaciones.
Por su parte, Raquel Álvarez manifestó su preocupación por el impacto en las comunidades, señalando que tanto las sedes sociales como las viviendas están siendo afectadas por cobros que muchas veces los vecinos desconocen. En esa línea, advirtió que en algunos casos no existiría notificación oportuna, lo que deriva en embargos o procesos de remate.
Finalmente, el senador comprometió acciones para abordar el problema, haciendo un llamado a vecinos y dirigentes a informarse sobre su situación tributaria, revisar su avalúo fiscal y evitar escenarios que puedan afectar sus viviendas u organizaciones comunitarias.
Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.
Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.
