CONTRALORÍA CONFIRMA IRREGULARIDADES EN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR Y FUNDACIÓN PROCULTURA TRAS DENUNCIA DE DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME

La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ha emitido el Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, el cual ratifica graves falencias en la contratación de la Fundación Procultura por parte de la Municipalidad de Porvenir para la ejecución del "Programa para Pequeñas Localidades". El organismo de control determinó que el municipio recurrió a un trato directo sin justificación adecuada, tercerizó funciones que debían ser ejecutadas directamente por la corporación y omitió cláusulas de confidencialidad esenciales en el contrato de 52,8 millones de pesos.

Esta resolución llega tres años después de que el entonces Consejero Regional y actual diputado Alejandro Riquelme Ducci presentara la denuncia que dio origen a esta fiscalización, alertando sobre el uso de recursos públicos destinados al desarrollo urbano y habitacional de la comuna.

Declaraciones del Diputado Alejandro Riquelme:

Respecto a la confirmación de estas irregularidades, el diputado Alejandro Riquelme señaló:

"Este informe de Contraloría es el resultado de un trabajo de fiscalización que iniciamos hace tres años. Cuando denunciamos estas anomalías, lo hicimos con la convicción de que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Porvenir no podían ser entregados a dedo. Hoy, el organismo de control nos da la razón: hubo una falta de concursabilidad inaceptable y se evitó la licitación pública sin razones que lo justificaran".

El parlamentario también se refirió a la tercerización de funciones detectada por el ente fiscalizador:

"Es extremadamente grave que la Municipalidad haya tercerizado funciones sustantivas que le correspondían ejecutar directamente. No solo se contrató por trato directo por más de 52 millones de pesos, sino que se delegó en una fundación privada responsabilidades públicas, vulnerando los convenios suscritos con el MINVU y la propia Constitución".
Finalmente, sobre las acciones a seguir tras la apertura de un proceso disciplinario por parte de la Contraloría, Riquelme enfatizó:

"No descansaremos hasta que se determinen las responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales. La incautación de documentos por parte de la PDI en el municipio y la Seremi de Vivienda demuestra que estamos ante hechos de la mayor relevancia. El cuidado de los recursos públicos debe ser la prioridad, especialmente en zonas extremas donde cada peso cuenta para el desarrollo de nuestra gente y exigiremos que se recupere hasta el último peso".

Principales Hallazgos del Informe N° 407-2025:

La investigación de la Contraloría estableció, en primer lugar, una grave falta de concursabilidad en la contratación de la Fundación Procultura. El ente fiscalizador determinó que el municipio no logró acreditar las circunstancias excepcionales que exige la ley para obviar una licitación pública. De este modo, el recurso al trato directo careció de una fundamentación técnica que justificara por qué dicha fundación era la única capaz de ejecutar el programa, omitiendo además la evaluación de otras alternativas disponibles en el mercado.

Asimismo, el informe detectó una indebida tercerización de funciones en la implementación del "Programa para Pequeñas Localidades". Según el organismo de control, la Municipalidad de Porvenir delegó en la fundación privada la ejecución íntegra de las etapas de diagnóstico y plan de desarrollo, lo cual contraviene las obligaciones de ejecución directa establecidas en los convenios suscritos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Esta práctica implica que el municipio renunció a sus facultades privativas, entregando responsabilidades públicas a terceros sin el debido resguardo legal.

En el aspecto financiero, la fiscalización reveló una preocupante falta de detalle en la oferta económica presentada por Procultura. El presupuesto aprobado incluía ítems genéricos, destacando el concepto de "Otros gastos de implementación" por un monto de $14.400.000, el cual carecía de cualquier desglose que permitiera conocer la naturaleza de los gastos o su pertinencia técnica. Esta opacidad impidió un control efectivo sobre el uso de los 52,8 millones de pesos totales involucrados en el convenio.

Finalmente, la Contraloría advirtió que el contrato suscrito omitió cláusulas de confidencialidad esenciales para el manejo de información sensible. A pesar de que la fundación tendría acceso a datos protegidos proporcionados por el Ministerio de Vivienda, el municipio no incorporó mecanismos legales que garantizaran el resguardo y buen uso de dicha información. Ante estos hechos, la Contraloría Regional ha confirmado la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.