27 de mayo de 2026
MINISTRO PODUJE CONFIRMA DENUNCIA ANTE FISCALÍA POR SUBSIDIO HABITACIONAL QUE INVOLUCRA A PAREJA DEL DIPUTADO RIQUELME
El ministro de Vivienda confirmó que el Serviu Magallanes remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado por posibles delitos asociados al mecanismo de reemplazo de beneficiarios en proyectos habitacionales.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presuntas irregularidades detectadas en procesos de reemplazo de beneficiarios de subsidios habitacionales, uno de los cuales involucra a Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado Alejandro Riquelme y madre de tres de sus hijos.
La situación tomó relevancia pública luego de que se conocieran antecedentes relacionados con la adjudicación de un subsidio habitacional correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en el proyecto habitacional Estepa Austral I de Punta Arenas. El beneficio fue formalizado mediante la Resolución Exenta N°1117, de fecha 7 de julio de 2022.
En declaraciones a medios regionales, el titular del Minvu confirmó que, una vez conocidos los antecedentes, instruyó al servicio regional realizar las denuncias correspondientes para que los organismos competentes determinen la existencia o no de eventuales responsabilidades.
Según consta en el Oficio Ordinario N°64, enviado el pasado 8 de mayo por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, a la Fiscalía Regional, el organismo tomó conocimiento de antecedentes que “podrían revestir carácter de delito vinculados a procesos de asignación de subsidios habitacionales”.
Los antecedentes remitidos señalan que el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49, está destinado a familias en situación de vulnerabilidad social, priorizando a quienes pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
De acuerdo con la documentación enviada a la Fiscalía, cuando un beneficiario renuncia o es excluido de un proyecto habitacional, la Entidad Patrocinante puede solicitar al Serviu su reemplazo por otro postulante que cumpla los requisitos establecidos. Sin embargo, la denuncia sostiene que, en algunos casos, la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe, habría propuesto directamente los nombres de las personas que posteriormente fueron incorporadas como beneficiarias.
Asimismo, se indica que la Entidad Patrocinante formalizaba posteriormente las solicitudes de reemplazo con los nombres previamente sugeridos y que la misma funcionaria dictaba las resoluciones administrativas que materializaban dichas incorporaciones.
Uno de los casos observados corresponde a Susan Chicuy Godoy, quien ingresó al proyecto Estepa Austral I tras un proceso de reemplazo de beneficiarios. La documentación revisada por distintos medios señala que la solicitud fue presentada por la Entidad Patrocinante Salfa Austral en junio de 2022, argumentando la exclusión de beneficiarios que realizaron movimientos en sus cuentas de ahorro para la vivienda después de haber obtenido el beneficio.
Por su parte, el diputado Alejandro Riquelme descartó cualquier irregularidad y afirmó que no está siendo investigado por delito alguno. El parlamentario sostuvo que la remisión de antecedentes a la Fiscalía no implica culpabilidad ni responsabilidades establecidas y recordó que el proyecto fue revisado y aprobado por las instancias correspondientes hace varios años.
Asimismo, manifestó su preocupación por la difusión de la información, señalando que ésta coincide con una etapa en la que ha intensificado acciones de fiscalización relacionadas con proyectos habitacionales y adquisición de terrenos en la región.
El caso habría surgido durante una visita realizada por el ministro Poduje a dependencias del Serviu Magallanes, oportunidad en la que funcionarios del servicio le entregaron antecedentes sobre distintos procesos de asignación de subsidios. Tras conocer la información, el secretario de Estado instruyó una revisión de los antecedentes y el envío de los mismos a los organismos competentes.
Con la denuncia ya ingresada ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado, serán ahora dichas instituciones las encargadas de determinar si existieron irregularidades administrativas o eventuales delitos asociados a los procesos de reemplazo de beneficiarios en proyectos habitacionales financiados con recursos públicos.
Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000.
Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000.
