SEREMI FERNÁNDEZ RESALTA MAYOR ACCESO A LA JUSTICIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES GRACIAS AL TRABAJO DEL PROGRAMA MI ABOGADO

Con la presencia del Seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández, y del Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Alejandro Donatti, el Programa Mi Abogado (PMA) conmemoró sus siete años de presencia en la región. Allí se valoró el aporte multidisciplinario y especializado de su equipo, luego que el 1 de abril de 2019 se constituyera en Magallanes esta iniciativa pública del Ministerio de Justicia y DD.HH., para hacerse cargo de un sector invisibilizado por años en la sociedad, como lo es el resguardo de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo el sistema de protección del Estado.

En reunión con el personal del programa, que encabeza su Abogado Coordinador, Danilo Troncoso, el Seremi Cristóbal Fernández reconoció su aporte como organismo co-garante en la materialización de mejoras concretas en la región a través de otorgar un mejor acceso a la justicia a la infancia vulnerada. La autoridad sectorial felicitó la labor que desarrollan con un alto estándar en materia de representación y criterios interdisciplinarios: “Existe un respeto profesional transversal en el sistema por la seriedad, despliegue y gran capacidad del PMA para resolver nudos estructurales mediante herramientas jurídicas. Su gestión permite una articulación efectiva de la red, garantizando que el acompañamiento y la protección de sus representados sean los adecuados y de calidad”.

Esta iniciativa (dependiente de la CAJ) dispone de una dotación regional de 12 profesionales y técnicos en total, quienes actualmente brindan una cobertura superior a la mínima proyectada de 360 niños, niñas y adolescentes representados en la región. Así lo señaló Danilo Troncoso, quien reconoció dentro de los avances del programa a una expansión de la oferta especializada a nivel de instituciones para distintas necesidades en la región. Aquí mencionó la situación de las niñas que se encuentran en el contexto de explotación sexual, procurándose una intervención o reparación en el corto plazo o en el mediano plazo, para generar instancias que aborden y faciliten los procesos vinculados a estas víctimas, y así poder lograr una persecución penal efectiva.

También se refirió a casos de niños con algún tipo de discapacidad y que se encuentran también dentro de su cobertura, en lo cual han articulado un trabajo intersectorial permanente para visibilizar sus necesidades y también canalizarlas para poder ofrecerles, en el fondo, las prestaciones que ellos requieren. Esto se ha traducido en una ampliación de las ofertas de discapacidad.

Por su parte, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti, expresó que “el tener el Programa Mi Abogado dentro de la CAJ ha sido un cambio sideral, sumamente positivo, un modelo a seguir dentro de la institución. Porque efectivamente el trabajo multidisciplinario que ellos hacen se ha podido traducir en efectividad en cuanto a la restauración de derechos de los NNA en la región. Ha sido un programa muy contributivo que ha trabajado independiente y coordinadamente con otros organismos, lo que en el fondo permite traducir el mandato de la Ley 21.430 (de Garantía y Protección de los Derechos de los NNA) que obliga a la sociedad civil y también al Estado a trabajar mancomunadamente para restaurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”.

Líneas estratégicas de trabajo

El Programa Mi Abogado realiza su intervención mediante equipos compuestos por abogadas y abogados, psicólogas y psicólogos, y trabajadoras y trabajadores sociales, que conforman lo que técnicamente se denomina una tríada psicosociojurídica. Esta integración permite abordar cada caso desde una mirada integral, combinando representación procesal con comprensión psicosocial del contexto del niño, niña o adolescente.

Dentro de los hitos relevantes del período 2019–2026, figuran un trabajo intersectorial sostenido en explotación sexual, un modelo de intervención interdisciplinario y acceso a prestaciones especializadas en salud mental. El Programa ha actuado también como acusador particular en causas penales que han marcado precedente en la región y que ilustran con claridad el valor agregado de una defensa jurídica especializada (sentencia condenatoria por delito de abuso sexual impropio; condena de presidio perpetuo calificado en juicio oral por femicidio íntimo).

Asimismo, su aporte ha tenido incidencia en política pública regional. A partir de la identificación de nudos críticos en instancias intersectoriales y de la gestión sostenida en la tramitación de causas ante los Tribunales de Familia, el Programa ha incidido de manera relevante en la generación de condiciones para la implementación de dos residencias de administración directa del Estado en la región.