27 de septiembre de 2023
A seis años de promulgación de la Ley N°21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 Causales (Ley IVE), la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, junto a la SEREMI de Salud Francisca Sanfuentes Parga, hicieron un balance de esta normativa que fue promulgada el 14 de septiembre del año 2017, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Las autoridades recordaron que entre el año 2015 y 2017 el Congreso Nacional discutió y aprobó con apoyo transversal la Ley N°21.030, que reguló la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: Riesgo vital de la persona gestante (Causal N°1), Inviabilidad fetal de carácter letal fuera de la vida extrauterina (Causal N°2) y Embarazo por resultado de una violación (Causal N°3).
La SEREMI de Salud explicó que “hoy día estamos haciendo un balance de la implementación de la Ley y una evaluación de lo que ha ocurrido a nivel regional, con esta medida que ha permitido a las mujeres acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las tres causales que establece la Ley. En estos seis años son 57 mujeres que se han acogido a la interrupción voluntaria del embarazo, principalmente en lo que respecta a las dos primeras causales”. Cabe señalar que, en igual periodo, se asistieron un total de 7.416 nacimientos en la región.
De los 57 casos constituidos en Magallanes: 29 corresponden a la causal N°1, 19 a la causal N°2 y 9 a la causal N°3. En tanto, a nivel nacional se han constituido 4.272 casos: 1.296 mujeres por riesgo vital, 2.080 por inviabilidad y 896 por causal de violación, sin casos en menores de 14 años.
La SEREMI Sanfuentes agregó, que desde este año como Ministerio de Salud “contamos con una herramienta o instrumento que nos permite monitorizar y hacer una vigilancia y fiscalización de la implementación de la Ley en toda la red asistencial, y en el fondo, ir verificando y asegurando que se cumple la normativa, asegurando la oportunidad, la calidad de la atención y el acompañamiento que establece este programa a todas las mujeres que lo requieran”.
En tanto, la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz recalcó: “Como Gobierno nuestra meta es avanzar y no retroceder en derechos para las mujeres, más aún cuando se trata de niñas y adolescentes. Por eso el llamado también es a desmitificar la interrupción voluntaria del embarazo, porque los argumentos falaces de que se iba a utilizar como método anticonceptivo están muy lejos de la realidad, y como se puede ver en las cifras locales, dan cuenta de casos dramáticos donde la vida y la salud de las personas gestantes están en riesgo”.
Consultada respecto a lo que actualmente se está proponiendo en el Consejo Constitucional, y eventuales impactos en la actual Ley, Ruiz Ovando añadió: “El que las mujeres tengamos plena autonomía de nuestros propios cuerpos, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, es parte de los pisos mínimos civilizatorios. Recordemos que fuimos uno de los últimos países en el mundo en despenalizar el aborto y solo en estas tres causales muy específicas. Cabe señalar, además, que el caso de la tercera causal de interrupción voluntaria del embarazo por violación ha tenido a nivel nacional una importancia vital ya que el promedio de quienes acceden a ésta es de 13 años. No podemos obligar a niñas a ser madres, nuestro deber como Estado es protegerlas y vamos a continuar haciéndolo”.
Asistencia y acompañamiento psicosocial
La referente técnico del Programa de la Mujer, Género y Derechos Humanos de la Autoridad Sanitaria, María Isabel Velich, destacó que “la ley de interrupción voluntaria del embarazo permite legalmente que en los dos hospitales donde se desarrolla la atención, exista asistencia psicológica desde el inicio del proceso y además asistencia de dupla psicosocial, tanto para solucionar aquellas situaciones de precariedad emocional desde el punto de vista personal, así como también recoger la necesidad propia de la mujer respecto a sus sentimientos y emociones, cuando toma la decisión respecto a esta interrupción voluntaria”.
Agregó que “en los procesos de interrupción se ofrece la atención de la dupla psicosocial o de la psicóloga, y la mujer decide si los requiere o no, y evidentemente, si se diagnostica que existen algunas situaciones de ansiedad o de tristeza más prolongada, se deriva al Programa de Salud Mental en APS para mantener el proceso y evitar la depresión. Porque debemos pensar que esta es una situación límite, en que además muchas veces las culpas que sienten las mujeres no son porque han tomado la decisión, sino porque el entorno social las estigmatiza y emite prejuicios respecto a ello. Hay que hacer un cambio cultural respecto a los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, y la importancia de que la mujer tenga su propia autonomía física”, puntualizó.
Cabe señalar que los establecimientos que brindan dicha asistencia IVE en la región, desde el 2017 son el Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas y el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, ambos disponen de los equipos clínicos capacitados: médicos, matronas, técnicos paramédicos, psicóloga, y dupla de atención psicosocial, encargados de mantener los procesos asistenciales resguardados de acuerdo con la Ley.
Paralelamente, la Seremi de Salud de Magallanes ha mantenido vigilancia sanitaria y monitoreo clínico en todas las instituciones de la red privada y pública, desde el proceso de implementación con asesoría permanente de referente IVE del Ministerio de Salud y con acompañamiento institucional desde el proceso de inducción y asesoría técnica vía videoconferencias, para otorgar la oferta pública a las mujeres que requieran asistencia.
La Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, destacó los 5,8 billones de pesos que considera la propuesta presupuestaria 2025 del Gobierno del Presidente Boric para la cobertura de la Pensión Garantizada Universal, recalcando el alcance que tiene este beneficio en la región.
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