22 de diciembre de 2025
ENTREVISTA VIDEOGRABADA GARANTIZA Y OPTIMIZA DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MAGALLANES
A seis años de su implementación en la región, la Ley N°21.057 se consolida como una herramienta clave para proteger a las víctimas y fortalecer la persecución penal.
Los avances sustantivos que ha significado la implementación de la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada (Ley N°21.057) en la Región de Magallanes fueron abordados en la última sesión del año de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, instancia encabezada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat.
A seis años de la entrada en vigor de esta normativa en la región, la autoridad destacó el impacto positivo que ha tenido el sistema de entrevistas videograbadas en la persecución penal, especialmente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. En este contexto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos relevó el trabajo articulado de las instituciones que forman parte del sistema, así como el compromiso de las y los funcionarios que intervienen en su implementación: “La entrevista investigativa videograbada representa un cambio estructural en la forma en que el Estado se relaciona con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. Su correcta implementación permite garantizar su derecho a ser oídos, evitando la revictimización y resguardando su dignidad e integridad durante todo el proceso penal. Estos avances no serían posibles sin el compromiso técnico y humano de las instituciones que conforman el sistema en la región”, señaló.
Asimismo, la autoridad valoró la activa participación de los equipos profesionales de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), quienes se han capacitado en los estándares de interacción que deben regir el trato con niños, niñas y adolescentes en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley N°21.057.
Desde el Poder Judicial, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic, destacó el indudable aporte de las entrevistas investigativas videograbadas a la persecución penal y a la mejora en la administración de justicia. “Se trata de un sistema que aporta información de alta calidad y genera el resguardo necesario para que las víctimas puedan participar del proceso penal. Desde esa perspectiva, se puede decir que hasta ahora ha cumplido su objetivo y ha operado sin mayores inconvenientes, contribuyendo a un mejor juzgamiento para los fines para los cuales fue diseñada”.
En la misma línea, el Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, afirmó que la entrevista investigativa videograbada “ha sido una de las políticas públicas más importantes que hemos tenido en el sistema de justicia penal para la protección de víctimas infantojuveniles”, destacando que constituye un avance sustantivo en la forma en que el sistema penal se relaciona con ellos resguardando sus derechos y su dignidad sin perjudicar la persecución penal.
La entrevista videograbada en cifras
De acuerdo con la subcomisión de implementación de la Entrevista Investigativa Videograbada en Magallanes, entre enero y junio de 2024 se recibieron 372 denuncias, mientras que en el primer semestre de 2025 estas alcanzaron las 190. En cuanto a entrevistas investigativas videograbadas, durante 2024 se realizaron 164, y al mes de junio de 2025 se contabilizaban 85. Durante 2025, el 37,6% de las entrevistas correspondieron a niñas y niños y el 62,4% a adolescentes. Por institución, el Ministerio Público concentró el 49,4% de las EIV realizadas, seguido por la Policía de Investigaciones y Carabineros.
La región cuenta actualmente con 12 entrevistadores acreditados y siete salas especiales de entrevista videograbada, distribuidas en fiscalías, tribunales y Carabineros, lo que consolida una infraestructura adecuada para garantizar una implementación eficaz y con enfoque de derechos.
La propuesta busca fortalecer la conectividad terrestre y fluvial de las regiones australes y asegurar el abastecimiento por territorio nacional, con miras a incorporarse al Plan Nacional de Infraestructura 2055.
La propuesta busca fortalecer la conectividad terrestre y fluvial de las regiones australes y asegurar el abastecimiento por territorio nacional, con miras a incorporarse al Plan Nacional de Infraestructura 2055.
