30 de julio de 2016
La Constitución es el signo más distintivo de cualquier sistema político. Uno de los principales medidores sobre el grado democrático de un país, ya que se erige como cúspide de la tradicional pirámide de Kelsen, uno de los grandes maestros del Derecho (aunque en la actualidad la nueva teoría del Constitucionalismo Multinivel ha puesto en debate, entre los expertos de la materia, dicha teoría, como consecuencia de que los ordenamientos jurídicos nacionales han sido atravesados por ordenamientos jurídicos transnacionales).
Chile y sus ciudadanos han iniciado una lucha masónica para renovar en su totalidad su texto constitucional, debido a los orígenes anti democráticos del mismo. Y es que, el actual texto que rige el país, fue aprobado en un plebiscito organizado por el régimen militar en 1980, siendo esto una de las grandes paradojas del texto fundamental. Esta cuestión podría plantear la propia inconstitucionalidad de la Constitución, porque un conjunto de personas que no respetaban los derechos fundamentales, aprobaron un catálogo donde estos se defendían. Insólito.
A esta situación se suma el hecho de que la Constitución de Chile no se ajusta a la realidad actual de la sociedad. Válgase de ejemplo, el que no contempla un catálogo previo valores y principios básicos que sustenten el conjunto del articulado, en definitiva, que inspiren al resto de preceptos desde los que va a emanar todo el derecho chileno.
Afortunadamente, el texto constitucional más reformado de la historia de Chile, ya tiene fecha de caducidad. Tres de años de intenso trabajo darán luz a una nueva Constitución sobre la que nadie podrá cuestionar su legitimidad de origen. La maquinaria ya está en marcha, siendo uno de los mejores ejemplos sobre cómo debe funcionar un verdadero sistema democrático la cuestión de los Encuentros Locales, en donde grupos de ciudadanos, formados por entre 15 y 30 personas, pueden dar su opinión respecto a cuáles son los valores y principios, así como los derechos que Chile debe garantizar a todos los habitantes que se encuentren en su territorio. Además, la ciudadanía tiene la oportunidad de poder establecer los deberes y responsabilidades, junto con las instituciones básicas que debe recoger el texto. Y es que, Chile está haciendo un gran esfuerzo para elaborar una Constitución del pueblo y para el pueblo.
Por: Ángela Moreno Bobadilla
Directora de Derecho Público de la Universidad Central
La colaboración entre ambos gremios busca identificar las necesidades de formación de estudiantes y trabajadores en la región, asegurando la disponibilidad de profesionales capacitados para la futura industria energética.
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