​Puerto Natales recibió este lunes a las máximas autoridades regionales vinculadas al proceso penal, quienes en una señal descentralizadora se dieron cita en la Delegación Presidencial Provincial, con motivo de la realización de la segunda sesión de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Esta céntrica cita marcó un precedente, al tratarse de la primera vez que dicha instancia sesiona fuera de la capital regional.
Como es habitual, la comisión fue presidida por Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, y en la oportunidad se contó con la presencia de la Delegada Presidencial Provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez Alarcón. Como representante territorial del gobierno, ésta relevó el poder contar con el compromiso y la responsabilidad de las distintas instituciones del sistema de justicia penal en su conjunto, “de acercar la justicia a las personas, y también de funcionar articuladamente y con descentralización. Así que trabajamos varios temas y varias aristas que tienen que ver con la realidad provincial y territorial”.
Una de las principales tareas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la coordinación de los distintos actores que forman parte del circuito de Justicia Penal, y de ahí que la Seremi Michelle Peutat resaltara aquello, no sólo como un mandato a desarrollar en Punta Arenas sino que a nivel de toda la región de Magallanes: “Por eso, el día de hoy, como una señal importante para la comunidad hemos decidido sesionar con los miembros titulares de esta comisión, ante distintos hechos que han ocurrido en el territorio de la Provincia de Última Esperanza”.
Al respecto, remarcó como gobierno la voluntad de brindar un acceso a la justicia adecuado para los habitantes de la Provincia de Última Esperanza, “demostrar que no hay tolerancia ante situaciones de corrupción o faltas a la probidad, y un trato absolutamente igualitario de la aplicación de justicia penal a toda la ciudadanía”. Esto, tanto en la persecución penal, como también en los distintos procesos administrativos de instituciones involucradas en casos de este tipo.
Por su parte, Cristian Crisosto Rifo, Fiscal Regional de Magallanes, expresó el estar muy contentos como Ministerio Público de estar en la provincia de Última Esperanza para entregar un mensaje de tranquilidad y seguridad a la comunidad. Señaló que “estamos convencidos que la colaboración interinstitucional junto a los otros actores del Estado va siempre a entregar un mejor servicio de justicia a la comunidad. Del mismo modo, vamos a investigar los delitos vengan de donde vengan, vamos a implementar y estamos haciendo así planes, en este caso, de investigación especial para los delitos sexuales y también respecto al crimen organizado”.
Finalmente, la Seremi subrayó que, a partir de una idea que surge de la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Inés Recart, esperan poder replicar esta experiencia en la Provincia de Tierra del Fuego durante el segundo semestre del presente año.
La Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal es un órgano de carácter permanente y consultivo, cuyo objetivo es procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones participantes.
A nivel regional, es presidida por la Seremi de Justicia y DD.HH., y la integran: la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Fiscal Regional, la Defensora Regional, el Jefe de Zona de Carabineros de Chile, el Jefe de Zona de la Policía de Investigaciones de Chile y el Presidente de Colegio de Abogados; y en calidad de invitados permanentes: el Juez Presidente de Juzgado de Garantía, la Jueza Presidenta del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los Directores Regionales de Gendarmería y de Sename y la Coordinadora Regional de Seguridad Pública.