Por estas horas se discute en el marco de la Comisión Mixta en el Congreso algo mucho más profundo que la Ley de Pesca.

El verdadero debate refiere a la soberanía de Chile sobre su territorio y sus aguas.

La idea de expulsar a una de las industrias más potentes que ha surgido en el país en los últimos 30 años, y con ello arrastrar más de 70 mil puestos de trabajo y una facturación superior a los USD 6000 millones de dólares anuales, parece propia de alguien que busca denodadamente pegarse un tiro en los pies. El dicho popular y campero indica en verdad: “pegarse un corchazo en las patas”.

Uno no imagina a Noruega o Canadá haciendo lo propio con su salmonicultura. Uno no imagina a la Argentina desprendiéndose de su carne vacuna que le entrega 3.457,6 millones de dólares a los trasandinos.

Chile contra el desarrollo de Chile

El caso es que Chile parece víctima de una “incepción” que ha anclado en ciertos sectores de su clase política y en el propio presidente Gabriel Boric.

Desde ONGs como Greenpeace y Oceana, financiada por la familia Rockfeller, la marca y empresa Patagonia, propiedad Yvon Chouinard, y la fundación Rewilding que tiene detrás a la figura de Kristine Tompkins, se viene impulsando el proyecto –ya no la idea– de convertir a cerca del 50% del país en un parque nacional.

En el marco de ese plan Magallanes con todo su potencial de desarrollo encima parece una obsesión para este grupo de millonarios iluminados. Quién piense que su avanzada se limita a la salmonicultura erra y por mucho.

Porque la modificación del artículo 158 de la Ley de Pesca, que implicaría el final de la industria en zonas de reserva generando un efecto dominó, y la posterior conversión en parque de toda la región, afectaría también la pesca artesanal y cualquier otro tipo de actividad productiva en el mar y en tierra.

Desde este lugar también sería cuestionada la ganadería (por su participación en las emisiones de gases de efecto invernadero), el turismo (ni qué hablar de los residuos que dejan más de 350 mil visitantes anuales) y el movimiento de mercadería en embarcaciones de mayor porte a través de los fiordos. Esto para comenzar.

“Buscaremos aumentar significativamente la extensión de áreas prioritarias para la conservación de la
biodiversidad, las áreas terrestres y marinas de región virgen, y la protección de los corredores biológicos, en el marco del nuevo Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial que propone este programa”, indica el programa de gobierno del actual presidente Boric.

Chile, objeto de un desquiciado experimento social

No es casual que en marzo de 2022 la Fundación Rewilding Chile donará 93,492 en el sector de Cabo Froward al país que sumarlo a una cadena de parques nacionales que convierten literalmente a Chile en una macro región totalmente despoblada.

Cuando un regalo tiene condiciones estrictas de uso, entonces no es un regalo, es un mandato. Es una orden.

Días atrás, como una suerte de mandataria en ropa informal, casi como una revolucionaria de entre casa, Kristine Tompkins, “denunció” el momento “crucial para las áreas protegidas” de nuestro país. “Se trata de la intención de permitir actividades productivas dentro de las áreas protegidas. Es un momento crítico, que específicamente la industria salmonera opere en estas áreas protegidas, lo que va en contra de lo que está sucediendo en el mundo”, indica.“¡Es el momento de actuar por el cuidado de su patrimonio!”, agrega.

Es el mismo discurso de Greenpeace y el mismo de Oceana. Ambas organizaciones estuvieron en Puerto Natales en abril y ninguna de las dos tomó contacto con los trabajadores del sector, los pescadores artesanales o los representantes del pueblo kawéskar. No es una desatención, es mucho más que eso. En el súper plan de este grupo de ONGs, del que Chile termina siendo objeto de un drástico experimento social y económico, los seres humanos sobran.

Una nueva de forma de imperialismo nihilista

Se trata de una nueva forma de nihilismo y sin duda de una novedosa mutación del imperialismo histórico.

“Debido al reforzamiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, entre otras cosas, Chile incluirá el compromiso de ampliar en al menos 1 millón de hectáreas la actual superficie total de protección oficial de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales al 2030, de acuerdo con el documento oficial de la Autoridad”, indica un comunicado oficial del gobierno en el marco de la Conferencia de las Partes Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Es decir que mientras competidores directos como Noruega o Candá expanden sus negocios Chile inicia un peligroso repliegue sobre sí mismo.

A pesar de las desmentidas de sus funcionarios que aseguran que no peligra el trabajo y que habrá relocalizaciones, el discurso presidencial, puesto bajo la lupa del archivo, indica otra cosa muy distinta.

“(Las salmoneras) tienen que salir de las áreas protegidas”, indicó en mayo del 2022 durante su visita a Punta Arenas.

Aquí poco importa que en lo que refiere a la afectación ambiental y el desarrollo de nuevas tecnologías tengan a Magallanes como un caso de ejemplo internacional en materia de producción y calidad de su salmón.

En este sentido la limitación del periodo de concesión para su muy teórica y posterior re localización afectará de pleno en la cadena productiva. Al establecer límites de una década las empresas no podrán proyectar sobre la ecuación costo/beneficio que les permita hacer operar el ciclo productivo.

Es decir, si no hay negocio en el horizonte es más “saludable” cerrar operaciones. Se trata de una máxima de la actividad empresarial y esto es sabido por quienes impulsan su salida.

Porque así como no habrá un futuro para la salmonicultura, tampoco lo habrá para ninguna otra actividad industrial o semi industrial. Y Magallanes volverá a perder su nombre para convertirse en tierra de nadie. O de unos pocos magnates obsesionados con la soledad.

Fuente: zonazero.cl