12 de noviembre de 2024
SEREMI DE HACIENDA, ÁLVARO VARGAS RIQUELME, ABORDA CRECIMIENTO ECONÓMICO, LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y PRESUPUESTO 2025 EN POLAR COMUNICACIONES
Buenos días región.
En una reciente entrevista con Polar Comunicaciones, el Seremi de Hacienda de la Región de Magallanes, Álvaro Vargas Riquelme, analizó diversos temas económicos de relevancia para la región y el país.
Vargas Riquelme reconoció que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de septiembre fue inferior a las expectativas. Sin embargo, enfatizó que se proyecta mantener un crecimiento anual del 2%, destacando la resiliencia de la economía regional y nacional.
En relación con la Ley de Cumplimiento Tributario, el Seremi aclaró dudas sobre la normativa que obliga a las instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando un individuo recibe 50 o más transferencias de distintos emisores en un solo día, semana o mes. Esta medida, que forma parte de la nueva ley, busca incrementar la fiscalización y reducir la informalidad económica, sin afectar la carga impositiva actual.
Respecto al Presupuesto 2025, Vargas Riquelme subrayó que se priorizarán áreas como salud, educación y seguridad, con un enfoque especial en proyectos que impulsen el desarrollo sostenible en la Región de Magallanes. Asimismo, destacó la importancia de la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas, asegurando que se considerarán las necesidades y propuestas de la comunidad local.
Puedes ver la entrevista aquí:
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
