6 de abril de 2024
DE CARA A LAS ELECCIONES 2024: CONTRALORÍA ENTREGA INSTRUCTIVO SOBRE PRESCINDENCIA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Elecciones para alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales que se desarrollarán en octubre.
La Contraloría General de la República entregó un instructivo sobre la prescindencia que deben seguir los funcionarios públicos de cara a las elecciones para alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales que se desarrollarán en octubre.
El documento, que cuenta con la firma de la contralora (s), Dorothy Pérez, consta de 28 páginas, y tiene como objetivo entregar directrices a los funcionarios públicos de todas las reparticiones, especialmente quienes integran gobiernos regionales y municipales.
El texto comienza afirmando que “los cargos públicos que sirven funcionarios, autoridades y jefaturas, deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones”.
De la misma manera, se sostiene que “en el desempeño de la función pública, los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y el estatuto jurídico que los rija, están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente y, en tal virtud, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre los empleados u otras personas con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias, partidos políticos o pactos electorales”.
“En armonía con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley N° 19.884, que expresamente prevé que “los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado…”, a estos les está vedado disponer de ese tiempo para actividad política partidista, la que pueden ejercer lícitamente fuera de la jornada”, sentencia el documento.
Historia de Joaquín Díaz
La Tercera
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
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