NO SOLO FISCALÍA: PODER JUDICIAL SUFRIRÁ RECORTE DE 17.395 MILLONES

La Corte Suprema expresó este martes su "preocupación" por el recorte de más de 17.000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial, enmarcado en la disminución general del gasto público para este año, que fue parte del acuerdo político para aprobar el erario fiscal para 2025.

Fue el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, el encargado de expresar este malestar a través de una declaración pública del Pleno que leyó esta tarde en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales.

Esto se suma a la controversia que generó el fin de semana el recorte de 7.064 millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público, hecho que se da en plena crisis de seguridad y que generó duros cuestionamientos del fiscal nacional, Ángel Valencia. 

Estas rebajas de recursos se enmarcan en un recorte global de 544.000 millones de pesos anunciado de manera general por el Gobierno, el que surgió de un protocolo de acuerdo suscrito en el debate de la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, para lograr un consenso que permitiera destrabar la aprobación de glosas y partidas del erario fiscal para 2025.

Rebaja presupuestaria "afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia"

"El pasado viernes 10 de enero se tomó conocimiento de la rebaja originada por el acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo en el contexto de la discusión de la ley de presupuestos del año 2025. La materialización de esta rebaja implica para el Poder Judicial reducir su presupuesto ya aprobado en la ley 21.722, 'Ley de presupuestos del Sector Público', correspondiente al año 2025, en un monto global de 17.395.256.000 pesos", señaló la Suprema en la declaración leída por Blanco.

El texto especificó que esta rebaja se distribuye en distintas partidas. "En lo referente al Subtítulo 21, Gastos en Personal, la disminución señalada tendrá un fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales, los cuales en la actualidad presentan una importante sobrecarga laboral producto de la implementación de nuevas leyes sin fortalecimiento de la dotación de personal, incremento de la población, nuevos delitos, entre otros factores", apuntó. 

"La actual situación de carga implica que los tribunales trabajen al límite de sus capacidades de atención, tramitación y resolución, lo que hace especialmente relevante poder mantener la continuidad ante ausencias, especialmente de jueces, empleados y otros cargos críticos", añadió el documento.

Advirtió la Suprema que, "en tales circunstancias, una rebaja del presupuesto del Subtítulo 21 pone en serio riesgo la continuidad operacional de la institución, dado que implica restringir el presupuesto de suplencias, que permite financiar una parte de las ausencias de personal de tribunales, no disponible por feriado o licencias médicas".

El escrito del Pleno puntualizó que, "en el ámbito de déficit de dotación ya indicado, cualquier rebaja presupuestaria, implica en la práctica reducir aún más la capacidad de tribunales y aumentar las cargas de trabajo existentes. Ello ante un escenario creciente de ingresos en tribunales de todo el país".

"A mayor abundamiento, a la fecha no existe avance en los proyectos de ley que incrementan dotación de tribunales, por lo que en el corto y mediano plazo se proyecta que el déficit estructural de dotación se mantendrá", alertó.

Respecto de la disminución en el Subtítulo 22, de Bienes y Servicios de Consumo, la Suprema indicó que "una rebaja de la cuantía mencionada implica no reconocer el déficit estructural existente, el cual ya durante el año 2024 fue latamente explicado en diferentes instancias y cuya necesidad real se vio reflejada por el último aumento presupuestario de este subtitulo por un monto de 6.500 millones de pesos".

"A mayor abundamiento, para el año 2025, adicional a los mayores costos asociados al aumento del valor de la unidad de fomento y al resto de los costos operacionales, corresponde la renovación a nivel nacional del servicio de guardia, el cual representa más del 20% del presupuesto estructural y cuyo aumento, no financiado en la ley del año 2025, se prevé cercano al 30%, motivado principalmente por el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas", afirmó el documento.

"Disminución de las medidas de ciberseguridad"

Asimismo, la declaración señaló que "en cuanto al Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, la rebaja implicará afectar las renovaciones de licencias necesarias para la operatividad y seguridad informática de los sistemas computacionales de este poder del Estado".

"Lo anterior significa una disminución de las medidas de ciberseguridad ya implementadas, con los riesgos que ello conlleva, en especial el resguardo de datos sensibles de los usuarios", expuso el Pleno de la Suprema.

Añadió que "lo expuesto afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia, razón por la cual esta Corte Suprema manifiesta su preocupación ante el escenario planteado y se da a conocer a la opinión pública a fin de que se comprenda la gravedad que implica el recorte presupuestario efectuado".

En esa línea, el máximo tribunal anticipó que, "por intermedio de su presidente y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizará todas las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, con el objeto de revertir esta situación o aminorar sus efectos dañinos para el servicio judicial".

"No obstante, es nuestro deber alertar a la comunidad toda de la grave situación que enfrentaremos durante el presente año, de no revertirse la medida anunciada", concluyó la declaración. 

Afectación del servicio

Por su parte, la ministra vocera de la Suprema, la ministra María Soledad Melo, explicó que las consecuencias de esta disminución en el presupuesto afectarán la prestación del servicio judicial y la preocupación del pleno es por el funcionamiento de los tribunales.

"Hay que considerar que los jueces y funcionarios pueden enfermarse o tener permisos y no se va a poder suplir su ausencia, lo que va a importar un aumento de carga de trabajo para el resto del tribunal que siga laborando y probablemente puede haber un retardo en la tramitación o en la atención de los usuarios, que es nuestro norte. Tenemos que estar preocupados por dar un servicio judicial lo más oportuno posible", sostuvo la portavoz.

Enfatizó que con este recorte en el segundo semestre de este año probablemente "ya no habría dinero para las suplencias que va a requerir el Poder Judicial".

"Tenemos que instar para que nuestro funcionamiento sea lo más digno y acorde con lo que  requieren los justiciables (...), pero si hay falta de jueces, funcionarios, habrá mayor cargas de trabajo (...). De alguna manera, se van a ver afectados los usuarios del sistema judicial", aseguró Melo. 

Fuente: cooperativa.cl 

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