“Necesitamos una nueva y buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, una ley que asegure la sostenibilidad de los recursos”, dijo el Mandatario en la Caleta Quintay, donde se presentó la iniciativa.

Transparencia, desarrollo sostenible de la actividad pesquera, equidad en el sector, e incentivo al consumo humano son los principales ejes del proyecto.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, firmó el proyecto de nueva Ley de Pesca, cumpliendo el compromiso que asumió en su cuenta

pública de junio de 2023, de enviar la iniciativa durante el segundo semestre de este año. En la caleta de Quintay, el Mandatario dio el puntapié inicial al proceso para avanzar hacia una nueva normativa para la actividad pesquera, acompañado del ministro de Economía, Nicolás Grau, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, parlamentarios, representantes de la pesca artesanal e industrial, entre otros.

En su discurso, el Presidente planteó que “necesitamos una nueva y buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, una ley que asegure la sostenibilidad de los recursos”, y agregó que, “he conversado muchas veces con pescadores a lo largo de todo Chile y una de las cosas que siempre me sorprende es la preocupación y la conciencia que existe respecto a la necesidad de cuidar la sostenibilidad de los recursos”. “Esta ley —legítima democráticamente— está construida sobre evidencia científica, potencia nuestra vocación oceánica y pesquera, reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra entidad marítima”, finalizó el Mandatario.

Entre los principales ejes de la iniciativa destacan desarrollo sostenible de la actividad

pesquera, equidad en el sector, protección social para las y los pescadores artesanales,

enfoque científico técnico e incentivo al consumo humano.

El Gobierno enviará el proyecto la próxima semana al Congreso para iniciar su tramitación en enero de 2024. Al respecto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que “desde los inicios de esta nueva ley, estamos actuando con transparencia, con participación, de forma tal de que estos sean los cimientos de la legitimidad futura de este proyecto de ley cuando finalmente se apruebe”.

Este proyecto “se preocupa de la equidad, intergeneracional, es decir, cuidando que no

saquemos todos los recursos ahora, sino que esto sea sostenible en el tiempo, también en la equidad entre los territorios, entre los distintos sectores productivos aquí involucrados”.

En tanto, el presidente del sindicato de pescadores artesanales de Quintay Javier Alvarez reconoció estar “muy orgulloso de tener a las máximas autoridades como nuestro Presidente en algo que esperábamos hace mucho tiempo”.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, sostuvo que la iniciativa “tiene énfasis en la equidad, en la distribución de recursos pesqueros de acuerdo a criterios científico-técnicos, que tiene énfasis específico en la transparencia, la forma en que se distribuyen los recursos no puede depender del arbitrio ni de quien tiene más poder o más recursos, sino que debe depender de la investigación científica y por eso se fortalece la ciencia”.

Destacó que este proyecto “viene a resolver una deuda de hace décadas con el mundo de la pesca artesanal, que estaba desprovisto de todo instrumento de protección social”. Y este proyecto lo aborda en profundidad.

La presidenta de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Daniela Cicardini, señaló en tanto que “esta es la oportunidad para poner fin a una ley ilegitima y que generó tanto daño, no solo por la corrupción, sino por la afectación a nuestro mar y a la pesca artesanal”.

Para la Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región de Magallanes, Marlene España, destaca, “Este proyecto de ley es el resultado de un proceso participativo con los distintos actores de la pesca artesanal, industrial, mujeres que se dedican a las actividades conexas, trabajadores de las plantas de proceso, científicos y académicos”, indico la líder de la cartera económica.

Los principales ejes que hacen que este proyecto sea una buena Ley de Pesca para Chile son:

1)         Transparencia en el sector pesquero y combate contra la pesca ilegal, no declarada y no Reglamentada.

2)         Equidad: El proyecto promueve la equidad intergeneracional, que permite el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas marinos y costeros, equidad en la distribución de estos recursos en sus tres dimensiones: artesanal-industrial (fraccionamiento), entre regiones y entre individuos. equidad territorial, equidad en las condiciones de protección social para la pesca artesanal y equidad de género ya que reconoce y valora el rol vital de las mujeres en el sector pesquero y su cadena de valor.

3)         Desarrollo sostenible de la actividad pesquera para asegurar un desarrollo continuo y equilibrado del sector. Esto implica una gestión responsable de los recursos marinos buscando el equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación ambiental y el bienestar social, garantizando además la alimentación de la población. Para garantizar un futuro sostenible de la actividad pesquera, es esencial que el Estado fortalezca su regulación y el monitoreo de estas actividades.

Como Gobierno estamos muy satisfechos de esta iniciativa, ya que estamos valorizando el sector pesquero artesanal asegurando mayor protección social y mejores condiciones laborales.

Otros ejes del proyecto:

– Enfoque científico-técnico. Los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están

relacionados con otros subsistemas (social, económico y regulatorio/institucional) que

interactúan en distintos niveles y constituyen un sistema social-ecológico complejo que

requiere de una nueva gobernabilidad que reconozca las complejidades y las

interacciones y niveles de los subsistemas que lo componen. Resulta, en consecuencia,

de vital importancia relevar y robustecer la investigación para la toma de decisiones en

relación a la administración pesquera, de manera que permita transitar hacia un

manejo de pesquerías que integre en los modelamientos, no tan solo el desarrollo

tecnológico del sector pesquero sino que además, las variaciones del ambiente, las

relaciones interespecíficas y las coacciones antrópicas.

– Transparencia en el sector pesquero y combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La transparencia en el sector pesquero se proyecta no tan solo desde la perspectiva de la administración del Estado a través de la divulgación de información

sino también, respecto de las operaciones pesqueras en su conjunto y en la trazabilidad de los productos pesqueros desde su captura hasta su llegada al consumidor, asegurando que los procesos y transacciones sean sostenibles y justos. La confianza en la ciencia es indispensable y, por tanto, es un desafío la divulgación comprensible, el fortalecimiento de la revisión de pares y la eliminación de cualquier conflicto de interés. Estrechamente relacionado con lo anterior resulta indispensable fortalecer los instrumentos adecuados para prevenir y combatir la pesca Ilegal No regulada No declarada y No reglamentada (INDR), la cual se manifiesta en todos los tipos y dimensiones de la pesca.

– Seguridad alimentaria y consumo humano. En tiempos de crisis climática la seguridad

alimentaria se posiciona como un eje fundamental en la labor estatal. Sin perjuicio de

que en la actualidad el consumo interno de productos del mar ha presentado un

aumento del 9% en promedio anual, llegando en su última estimación del año 2021 a

16,56 kg per cápita, este valor se encuentra muy por debajo del promedio mundial, que en el año 2019 llegó a 20,5 kg per cápita. El desafío es alcanzar el consumo de 20 kg per cápita al 2027. El proyecto avanza en la promoción del consumo humano,

incentivándolo a través del aumento de dicha cuota y fortaleciendo la cadena de valor

de los recursos.