21 de noviembre de 2023
El Presidente Gabriel Boric presentó este martes el proyecto de ley que busca crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, iniciativa que -según afirmaron desde el Gobierno- es fundamental en la agenda de seguridad.
En la instancia participaron también los ministros de Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, éste último detallando que la propuesta busca «establecer un servicio público descentralizado sometido a la supervigilancia del Ministerio de Justicia estructurado sobre la base de 16 direcciones regionales«, el que -destacó- «en algún sentido se supera el modelo que actualmente existe de la asistencia legal basado en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)«.
Pese a que valoró el trabajo que han desarrollado las CAJ, la autoridad advirtió que «lo cierto es que la demanda de nuevas atenciones y particularmente de la posición de las víctimas, exige un sistema algo más eficiente desde el punto de vista del diseño institucional y del rol que le corresponde al Estado en ello».
Ante esto, el proyecto firmado en esta jornada se construye sobre tres ejes centrales que buscan mejorar el trabajo con las víctimas:
Sobre este último punto, Cordero advirtió que «habitualmente las víctimas suponen acciones en tres ámbitos: el primero en el ejercicio de la acción penal, el segundo en la atención psicosocial y el tercero en el de la información«.
«Las víctimas, contrariamente a lo que muchos creen, no solo reclaman la intervención de la acción penal por parte del Estado, especialmente requieren de oportuna atención psicosocial, que alguien efectivamente las acompañe, que pregunte la situación en la que se encuentran y que oriente de alguna u otra manera la forma y modo de abordar la tragedia que acaban de haber enfrentado», destacó la autoridad.
A esto sumó la importancia de que las víctimas reciban «información actualizada y permanente, de ahí que uno de los aspectos claves del desarrollo de este proyecto tenga que ver con el modelo de gestión de información y de atención de casos».
Fuente: cooperativa.cl
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
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