13 de enero de 2024
El Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar, albergó este viernes el primer cónclave oficialista del año, instancia en la que se avanza en articulaciones entre la Alianza de Gobierno y el Comité Político de La Moneda.
Según detallaron asistentes al evento, la tesis compartida es de compromiso y cumplimiento, y para eso se apunta a conectar con los objetivos del Gobierno y la ciudadanía.
Uno de los puntos claves en esa línea es lograr avances en las reformas claves para el Ejecutivo, entre ellas la de pensiones, que se espera sea despachada en enero desde la Cámara Baja como una señal al Senado.
Aunque se trata de una discusión que se ha trabado en los últimos meses, la fórmula de 3+3 para la distribución del 6 por ciento de cotización adicional -impulsada por la DC, junto al PDG y Demócratas-, toma fuerza y abre una ventana de posibles acuerdos más transversales.
Sobre el avance de esta reforma, el vocero del oficialismo, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, advirtió que «no hay que perder de vista el objetivo principal de la reforma de pensiones, que es y apunta a la seguridad social«.
Pese a esto, alertó que «no podemos eternizar (el debate), el pueblo de Chile no puede seguir esperando, la ciudadanía no puede seguir esperando a que los políticos nos pongamos de acuerdo», por lo que «si el 3-3 logra este consenso, y por supuesto el Gobierno considera que avanza en esto, por supuesto que hay que avanzar«.
De todas maneras, el parlamentario señaló que esa propuesta «hoy está en estudio» y se debe esperar a lo que «se resuelva en definitiva por las carteras responsables de aquello».
El cónclave oficialista estuvo marcado mediáticamente por el correctivo del Presidente Gabriel Boric a sus ministros en el marco de las reuniones en casa de Pablo Zalaquett (UDI), exalcalde reconvertido en lobista.
Aunque el Gobierno y el oficialismo buscan ya cerrar ese capítulo, siguen apareciendo antecedentes que vinculan a personeros de la alianza con esas bulladas reuniones, como la extimonel PPD Natalia Piergentili, quien acusada de haber recibido pagos de una sociedad del lobista.
Fuente: cooperativa.cl
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
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