FABIÁN CONSTANZO ADVIERTE QUE IMPLEMENTACIÓN DE LEY UBER PODRÍA DEJAR SIN TRABAJO A MÁS DE 100 MIL CONDUCTORES

En el programa Almorzando con Checho, el presidente nacional del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, Fabián Constanzo, abordó la incertidumbre que enfrenta el gremio ante la inminente publicación del reglamento de la denominada Ley Uber. El dirigente manifestó su preocupación por la intención del Ministerio de Transportes de avanzar en la implementación sin que esté operativo el software que permitirá crear el Registro Nacional de Conductores.

Según explicó, la plataforma tecnológica —adjudicada en febrero de 2026 por un monto cercano a los $550 millones— podría tardar hasta seis meses en estar lista, mientras que la ley comenzaría a aplicarse 30 días después de publicado el reglamento. Esto implicaría que, desde el día 31, conductores, vehículos y empresas deberían estar inscritos para operar, pese a que actualmente no existe un sistema habilitado para hacerlo.

Constanzo advirtió que más de 100 mil conductores a nivel nacional quedarían expuestos a multas que pueden alcanzar los $3 millones, mientras que las aplicaciones arriesgan sanciones de hasta $10 millones por infracción e incluso la pérdida del permiso para operar si acumulan multas. “No nos podemos dar el lujo de estar ni una semana sin trabajar”, afirmó, señalando que el 74% de los conductores tiene esta actividad como su única fuente de ingresos.

El dirigente recalcó que los conductores de aplicaciones cumplen un rol clave en el sistema de transporte, especialmente en horarios donde el transporte público no opera, tanto en regiones como en la capital. Asimismo, sostuvo que el gremio no se opone a la regulación, pero exige que el registro y el reglamento entren en vigencia de manera coordinada para evitar una paralización masiva del servicio.

En ese contexto, explicó que el futuro registro permitirá verificar antecedentes penales, documentación de vehículos y datos oficiales a través del Registro Civil y otras entidades, fortaleciendo la seguridad para pasajeros y conductores. Sin embargo, advirtió que su correcta implementación requiere una “marcha blanca” y garantías claras antes de exigir su cumplimiento obligatorio.

Finalmente, Constanzo criticó la falta de diálogo con el Ministerio durante los últimos cuatro años y pidió una respuesta concreta que entregue certezas tanto a conductores como a usuarios y empresas. “Lo único que queremos es saber si vamos a poder seguir trabajando”, concluyó, insistiendo en que la implementación de la ley debe resguardar el empleo y evitar un impacto negativo en el sistema de transporte y en miles de familias del país.