26 de septiembre de 2025
PESCADOR ARTESANAL QUE DENUNCIÓ COLUSIÓN DE LA CENTOLLA ACUSA ABANDONO POLÍTICO DE PARLAMENTARIOS DE MAGALLANES
Dirigentes exigen una nueva Ley de Pesca que fortalezca la fiscalización, limite el poder de las grandes compañías y garantice una participación real del sector artesanal en las decisiones regulatorias.
La colusión de siete empresas procesadoras de centolla en Magallanes, confirmada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), no solo reveló prácticas abusivas que perjudicaron a más de 2.000 familias de pescadores artesanales, sino también el abandono político.
En concreto, fue José Reinaldo Hernández Villarroel, secretario del Sindicato Sitoners, quien inició la investigación presentando los antecedentes al organismo competente y comunicándole la denuncia a los parlamentarios de la región.
“Invitamos a Carlos Bianchi (IND), Christian Matheson (IND) y Javiera Morales (FA) y no llegaron”, afirmó Hernández, dando a entender que su denuncia no recibió el apoyo que esperaba.
El dirigente fue quien tuvo el valor de denunciar los intercambios de mensajes por WhatsApp y las reuniones informales en el muelle entre ejecutivos de ocho compañías, quienes acordaban precios perjudiciales para los trabajadores del mar.
“Los pescadores no se animaban a denunciar porque temían represalias de las empresas. Yo decidí hacerlo porque era insostenible”, recordó en una entrevista reciente.
Su denuncia no solo motivó una investigación formal por parte de la FNE, sino también generó una reacción desde el propio Gobierno. El Subsecretario de Pesca, Julio Salas, reconoció la gravedad del caso y declaró que “cerca de dos mil familias se vieron afectadas por la colusión de la centolla”.
Urge nueva Ley de Pesca
Más allá del impacto económico, Hernández alertó sobre las fallas estructurales del sistema de fiscalización.
“La legislación pesquera es débil, permite que se cometan estos hechos, por eso se requiere fortalecer la institucionalidad pesquera, dotando a organismos como Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca de mayores recursos y atribuciones para fiscalizar no solo la pesca ilegal, sino también la manipulación de precios y las conductas anticompetitivas", señaló.
El caso, conocido públicamente como la “colusión de la centolla magallánica”, ha sido considerado un punto de inflexión en el debate sobre el modelo pesquero chileno.
Para Hernández, la solución no solo pasa por castigar a los responsables, sino también por reformar el marco regulatorio de fondo.
“La nueva Ley de Pesca debe garantizar la protección y empoderamiento del sector artesanal, con una participación efectiva y vinculante en los comités de manejo y en las decisiones regulatorias”, afirmó.
En esa misma línea, fue enfático en señalar que “los comités deben dejar de ser vitrinas de validación y transformarse en espacios de fiscalización real donde los pescadores tengan voz y voto”.
Con la discusión de la nueva ley avanzando en el Congreso, el dirigente insiste en que el Estado tiene la oportunidad de corregir décadas de abusos.
“Las empresas están acostumbradas a hacer lo que les plazca si eso les significa aumentar sus ganancias a costa de los pescadores y sus familias”, advirtió.
Fuente: eldesconcierto.cl
La comuna interpuso una acción judicial para frenar cobros que arrastra desde 2023 por bonos y aumentos salariales de personal educativo que deberían asumir los servicios estatales. Puerto Natales enfrenta un escenario similar y evalúa presentar una nueva demanda.
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