El 1 de enero representa un hito histórico con el retorno de los establecimientos educativos municipales al Estado. Esta transición ha generado un clima de incertidumbre, estimulado por la persistente falta de pagos a los trabajadores de la educación, especialmente de los municipios más grandes como Punta Arenas. El desafío que se plantea es transformar este escenario adverso y elevar la calidad de la educación pública en Magallanes.

Estas inquietudes fueron analizadas por el gobernador regional, Jorge Flies Añón, junto al delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, el seremi de educación, Valentín Aguilera Gómez, y el director del nuevo Servicio Local de Educación Pública (Slep), Mario García Martínez, durante una reunión en la que se comprometieron a afrontar de manera conjunta los desafíos que afectan al sector. El eje de la discusión fue la necesidad imperante de restablecer la estabilidad y la dignidad en el ámbito educativo, marcando así un punto de partida para una colaboración decidida y coordinada.

En sus declaraciones, Jorge Flies Añón reflexionó sobre las enseñanzas transmitidas por padres y abuelos que sostenían: «La herencia que les puedo dejar es la educación». Destacó que este legado debe ser el foco de la gestión política en la administración de la educación pública, ya sea tanto en contextos urbanos como rurales.

Flies señaló las difíciles circunstancias enfrentadas por los municipios, especialmente los más grandes como Punta Arenas, durante el año pasado, destacando las complicaciones para saldar compromisos tan básicos como los sueldos de los funcionarios de los establecimientos educativos. En este sentido, elogió el traspaso como un avance significativo y felicitó al Gobierno de Chile, al Ministro y al Presidente por la decisión, respaldando las gestiones del delegado.

Asimismo, resaltó que ya están en evaluación más de una decena de proyectos de mejoramiento de infraestructura de escuelas, notando que algunas requieren atención más inmediata que otras. Informó que ya ha gestionado junto al seremi de Educación la sistematización de las iniciativas, con la finalidad de presentarlas al Gobierno Regional. Se trata de inversiones que oscilan entre los 250 y 500 millones de pesos cada una.

En su turno, José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional, expresó el compromiso de entregar tranquilidad a la comunidad asegurando los fondos necesarios para pagos oportunos. Y subrayó el empeño en fortalecer la educación pública, revertir la disminución en las matrículas y fomentar los proyectos educativos escolares para garantizar la confianza de las familias. Agradeció la colaboración del Gobierno Regional en este proyecto, resaltando la importancia de las medidas implementadas por el presidente Gabriel Boric Font.

En tanto, Valentín Aguilera Gómez, seremi de Educación, subrayó la relevancia de resaltar que «en el gobierno del presidente Gabriel Boric, la educación pública en Magallanes ha vuelto a manos del Estado. Este hecho nos llena de satisfacción y nos pone una gran tarea que hoy asumimos intersectorialmente, pensando en el bienestar de las y los estudiantes de Magallanes y sus familias», aseguró.

Por último, el director de Slep Magallanes, Mario García Martínez, aclaró que la ley especifica que las deudas relacionadas con previsión o caja de compensación mutuales aún pendientes deben ser abordadas. «En caso de que las municipalidades no puedan saldar estas obligaciones debido al traspaso a la gestión educativa, será el ámbito educativo el que asumirá dicha deuda. No obstante, es importante destacar que la deuda sigue vinculada a la municipalidad respectiva, y, por ende, el Estado debe recuperar estos fondos mediante diversos mecanismos», indicó.

En el caso de Punta Arenas, la última movilización prolongada ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas (CORMUPA) informó a los trabajadores que aquellos con salarios superiores a quinientos mil pesos solo recibirían el 66% de sus remuneraciones debido a problemas financieros. Esto generó un paro, marchas y protestas contra la administración del alcalde vigente, extendiéndose hasta el 4 de julio. En esa fecha, se logró una mediación entre la multigremial y el empleador ante la Dirección del Trabajo. Aunque debían pagar el 31 de mayo, el 13 de junio abonaron el 40% restante.