20 de julio de 2016
A poco más de un año y dos meses de haber realizado una fiscalización en un almacén de la capital de la Región de Magallanes, la Aduana de Punta Arenas logró que la imputada M.R.T.A. fuera condenada a 61 días de presidio remitido y a pagar una multa de $4.500.000 en beneficio del fisco por el delito de contrabando de cigarrillos.
El ilícito quedó al descubierto el 6 de mayo del 2015, cuando un equipo de fiscalizadores de Aduanas llegó hasta el negocio de la condenada, de 65 años, lugar donde descubrieron que escondía 639 cartones de cigarrillos de origen extranjero de las marcas Viceroy y Lucky Strike, mercancías que fueron avaluadas en US$ 15.347.
Al no poder respaldar con facturas la tenencia de estos productos, las 6.390 cajetillas le fueron decomisadas a la comerciante puntarenense y Aduanas inició una investigación por contrabando en su contra, además de realizar la denuncia respectiva ante la Fiscalía Local.
Luego del análisis de los antecedentes, se determinó que la almacenera había importado de manera ilegal los 639 cartones de cigarrillos, evadiendo impuestos específicos y otros gravámenes por otros US$ 24.691.
De esta forma, tras ser formalizada en abril de 2016 y haber sido sometida a un juicio simplificado, M.R.T.A. fue condenada a 61 días de presidio remitido y a pagar la millonaria multa de $4.500.000, que corresponde a la mitad del valor de las mercancías incautadas.
El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Ricardo Gómez, valoró el trabajo realizado tanto por los equipos de fiscalizadores como por el área judicial del Servicio, lo que nos permitió obtener esta importante condena, que se constituye en una importante señal para tender a frenar este tipo de delitos en la Región de Magallanes.
Gómez agregó que con esta acción Aduanas también contribuye a proteger la salud de la población, porque logró sacar de circulación 127.800 unidades de cigarrillos de dudosa procedencia, los cuales ahora serán destruidos.
Para la investigación, la SIP gestionó una amplia orden de ingreso a distintos inmuebles de la comuna, habilitando a los agentes para operar en un horario extendido de 24 horas.
Para la investigación, la SIP gestionó una amplia orden de ingreso a distintos inmuebles de la comuna, habilitando a los agentes para operar en un horario extendido de 24 horas.