15 de junio de 2024
En medio de una de las peores crisis que ha enfrentado en los últimos años, producto de la revelación de distintos chats de integrantes de la Corte Suprema y de tribunales de alzada, el máximo tribunal decidió suspender la vista de todas las causas para el próximo miércoles 19, a fin de efectuar un pleno, en el cual se analizarán, entre otras, las consecuencias de las revelaciones de los chats entre el exjuez de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Antonio Poblete, con el ministro Mario Carroza, así como con los extitulares de Defensa Mario Desbordes y Alberto Espina (actual consejero del Consejo de Defensa del Estado), por nombramientos, tanto de magistrados del mismo máximo tribunal, como de notarios.
“Se informa a los señores abogados, procuradores y público general, que el día miércoles 19 de junio del presente, las salas de esta Corte Suprema no funcionarán, debido a que se realizará un Pleno extraordinario”, señala el comunicado emitido por la corte, que se encuentra en su página web.
La Policía de Investigaciones (PDI) ha revisado miles de mensajes de Juan Antonio Poblete, los que fueron dados a conocer por Ciperchile. Este medio informó que Poblete, que actualmente se encuentra en prisión preventiva por el espionaje efectuado por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en contra del periodista Mauricio Weibel, pidió ayuda a Desbordes, a fin de que la magistrada María Teresa Letelier llegar a la Corte Suprema. Lo anterior significó el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público y la presentación de una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra del exsecretario de Estado.
Además, el mismo medio a conocer que la Brigada Anticorrupción Metropolitana detectó un chat de 2020 entre el exjuez y el entonces ministro de Defensa del gobierno de Piñera, Alberto Espina, revelando gestiones de Poblete, destinadas a apurar un fallo relativo al Ejército.
Otros mensajes que quedaron al descubierto fueron los que envió el juez Mario Carroza a Poblete, pidiéndole ayuda para la postulación de un notario en Tierra Amarilla, así como la solicitud del exsupremo Lamberto Cisternas, que pidió ayuda por lo mismo, aunque en ese caso la postulación era a una notaría de Lo Barnechea y la postulante era la esposa de Eugenio “Pingüino” González, un conocido operador de los tribunales. Asimismo, hay chats entre Poblete y el notario Francisco Leiva, hermano del diputado PS Raúl Leiva, quien le filtró incluso el cuaderno de remoción que se seguía en su contra.
La paralización de las funciones evidencia preocupación al interior del máximo tribunal. A raíz de esto, se realizó un primer pleno el pasado lunes y una segunda sesión este viernes. Según El Mercurio, durante la primera jornada algunos ministros guardaron sus teléfonos en cajones. Ese mismo día, además, la ministra Letelier dijo a sus pares que ninguno de nosotros había sido nombrado “por obra y gracia del espíritu santo”, luego de que algunos magistrados pidieran convocar a la comisión de ética.
En la instancia, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, propuso retomar el debate de reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial y también sus calificaciones.
Además, el ministro Blanco informó de una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego que el lunes el pleno lo mandatara para expresar “su preocupación” al jefe del Ministerio Público.
Además de estos chats, reportajes anteriores dieron cuenta de las relaciones entre el ministros de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y su par de la corte de Apelaciones Antonio Ulloa, con el abogado penalista Luis Hermosilla. A lo anterior hay que recordar que el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, se encuentra formalizado por el delito de revelación de secretos, debido a una serie de antecedentes reservados que envió desde 2021 a Hermosilla.
Foto Agencia uno
Fuente El Mostrador
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.