La implementación de la nueva Ley de Tránsito (Ley 21.601) en Chile, vigente desde el 10 de noviembre, marca un hito importante en la seguridad vial y la lucha contra el robo y la venta ilegal de vehículos. En el caso de Magallanes, fortalece las penas y sanciones para las carreras clandestinas
Las autoridades anunciaron medidas coordinadas y sanciones más severas para los infractores con el objetivo de frenar las carreras nocturnas. Entre las acciones previstas se encuentran instar al decomiso de vehículos, un aumento en los controles y detenciones que serán remitidas directamente al Juzgado de Garantía. Los vehículos implicados estarán sujetos a decomiso y serán retirados de circulación hasta que exista una sentencia. Esta determinación también incluye la ampliación de la acusación a los organizadores de carreras ilegales y a los propietarios de vehículos cuando estos sean prestados.
El acuerdo se logró durante la reciente sesión de la «Mesa de Roncadores», presidida por José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional. Participaron en la reunión el fiscal regional Cristián Crisosto, la Coordinadora regional de Seguridad Pública Carla Barrientos, el Jefe XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, y Claudio Oyarzún, director (s) de Inspecciones de la Municipalidad, entre otras autoridades.
Hasta ahora, se han registrado 1.440 infracciones al tránsito, con más de 800 correspondientes a vehículos modificados (con roncadores). Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estas medidas no son suficientes, y se considera necesario aplicar una mayor severidad para disuadir a los infractores. En este contexto, la reciente modificación a la Ley de Tránsito, vigente desde el 10 de noviembre, permite imponer sanciones más rigurosas, especialmente para el delito asociado a carreras clandestinas.
José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional, expresó: «La reciente modificación a la legislación brinda la oportunidad de abordar los desafíos de manera coordinada. La seguridad pública es un pilar fundamental para el bienestar, el desarrollo y la necesidad de preservar la seguridad en nuestra región. Por eso, estamos apelando a una acción colectiva entre distintas instituciones. Buscamos sanción, pero también prevención».
En este sentido, Ruiz Pivcevic señaló que se llevarán a cabo varias fiscalizaciones preventivas, tanto en lo que queda del año como en el próximo.
Por su parte, el Fiscal Regional, Cristián Crisosto Rifo, afirmó que están implementando una política de persecución penal más integral, trabajando en conjunto con Carabineros y otras instituciones para aplicar una interpretación extensiva de la norma y realizar más controles. Ya para el próximo 27 de diciembre está programada una capacitación a Carabineros y policía municipal.
La medida -explicó el Fiscal- implica que los casos sean remitidos al Juzgado de Garantía en lugar del Juzgado de Policía Local, y que los vehículos queden en pena de decomiso, es decir, no pueden ser retirados del corral municipal hasta que exista una sentencia, que podría tardar entre 6 y 8 meses.
El Jefe XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado, destacó la necesidad de abordar las carreras no autorizadas que ocurren no solo en Punta Arenas, sino que en Porvenir y Puerto Natales.
