DOCENTES DE UMAG Y JUSTICIA TRABAJAN EN ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO PENITENCIARIO

La necesidad de actualizar las normas que regulan el régimen al interior de los recintos penitenciarios, para incorporar un enfoque de derechos y de género en la política penitenciaria, y así favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad. Este imperativo moviliza hoy a un equipo de docentes de la Universidad de Magallanes (UMAG), el cual se aboca a trabajar desde esta región en la actualización de las disposiciones del Decreto Supremo N° 518 (de 1998, del Ministerio de Justicia), que hace 25 años otorgó vigencia como cuerpo normativo al actual Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

En el marco de dicho proceso participativo, se realizó esta semana una reunión de coordinación en la Secretaría Regional Ministerial de Derechos Humanos con profesionales de la UMAG, la Seremi del ramo, Michelle Peutat Alvarado, y el Director Regional de Gendarmería, coronel Dan Toro Arévalo. En la oportunidad, se abordaron aspectos de este trabajo multidisciplinario a cargo de la universidad regional, como institución asignada para la realización de aquella tarea por el Ministerio de Justicia y DD.HH., y cuyo levantamiento también le corresponde realizar en la Región de Aysén.

Ramón Mayorga McDonald, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UMAG, valoró que desde el Ministerio de Justicia se haya advertido la necesidad de actualizar el reglamento que regula los derechos y deberes de los (las) internos (as) en los establecimientos penitenciarios, y para ello se ha considerado también la necesidad de tener en cuenta la opinión y la mirada, como actores clave, de las personas privadas de libertad.

Agregó que esta instancia colaborativa del ministerio con distintas universidades del país, para efectos de materializar este proceso participativo y de consulta, contempla una serie de talleres con personas privadas de libertad que pertenecen a grupos de especial protección: mujeres, personas migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.; y luego también de aquellas pertenecientes a los pueblos originarios, en el marco de una consulta indígena. El comité regional ya constituido ha sesionado con la Seremi, Director Regional de Gendarmería y la UMAG, para efectos de implementar dicha metodología, cuyo inicio se proyecta entre fines de este mes e inicios de agosto.

Este semestre debería estar ejecutado el compromiso en cuanto a la realización de los talleres, y luego vendría una etapa de sistematización de la información y de transmitir los resultados de este quehacer, a efecto de que el ministerio disponga de toda la información necesaria para poder avanzar en este proceso de actualización del reglamento penitenciario.

“El año 98, del que data el actual reglamento, el Estado chileno aún no había asumido muchos de los compromisos internacionales que tiene en la actualidad, entre los cuales se encuentra, por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; estándares internacionales que se han ido asumiendo y que también han ido evolucionando, producto del pronunciamiento de distintos organismos internacionales en la materia que involucran la necesidad de actualizar la normativa también a esos estándares y asimismo a partir de la mirada y la visión de las personas privadas de libertad”, subrayó el académico.

A su vez, la Seremi Michelle Peutat coincidió en que en estos últimos 25 años ha adquirido gran importancia la promoción y la protección de los Derechos Humanos a partir de la suscripción de diversos tratados internacionales en la materia, así como también todo lo que dice relación con el principio de participación en la gestión pública: que quienes se relacionan con los distintos entes o agentes de la administración del Estado puedan manifestar su opinión con miras a la tarea que el Estado realiza. “Y aquí las personas privadas de libertad juegan también un importante papel desde el interior de los recintos penitenciarios con miras no sólo a un trato más digno, sino también a propiciar una reducción de brechas que se perpetúan en el tiempo”, subrayó.

Dan Toro, Director Regional de Gendarmería, destacó que «como institución estamos con muchas ganas de participar, y que todo el proceso se lleve de la mejor forma posible”. Esto, de manera que las y los internos muestren todas sus preocupaciones y transparenten diversas situaciones vigentes dentro de los establecimientos penales.

Del mismo modo, existirán otras instancias participativas paralelas entre el Ministerio de Justicia y DD.HH. y Gendarmería, en torno a la actualización del mencionado reglamento.