La ministra de Obras Públicas, Jessica López, dio a conocer el balance de las fiscalizaciones realizadas entre enero y julio de 2025 por la Dirección General de Aguas del MOP, destacando que en dicho período ha resuelto 1.192 expedientes de fiscalización, de los cuales 434 terminaron en multas. Las cifras de las investigaciones resueltas son tan altas como las del año pasado en el mismo período.
El director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, precisó que, de las 1.192 fiscalizaciones resueltas, el 61% (727) fueron iniciadas por la DGA, lo que demuestra el interés del Servicio por hacer control proactivo del uso de los recursos hídricos. Mientras que el 39% restante obedecieron a denuncias realizadas por la ciudadanía.
“La DGA ha continuado con el mismo ritmo de fiscalización que el año pasado, que en sí ya fue una cifra récord, y si comparamos con el período enero-julio de 2022, cuando a esa fecha se habían resuelto 641 expedientes, el aumento es de casi el doble. Esto responde a que se reforzó el equipo de fiscalizadores e incorporó tecnología para complementar las inspecciones en terreno y análisis de antecedentes. Es más, las fiscalizaciones resueltas de estos 7 meses superan las 1.183 fiscalizaciones resueltas todo el año 2020. Esto refleja el compromiso decidido de este Gobierno de velar por el correcto uso de las aguas y avanzar en seguridad hídrica”, destacó la ministra López.
La secretaria de Estado, agregó que, “el fin de las fiscalizaciones que realiza la DGA no es multar, sino que disuadir que se cometan infracciones al Código de Aguas, lo que demuestra que tenemos un convencimiento efectivo de gestionar y proteger los recursos hídricos”.
Los cuatro tipos de infracciones al Código de Aguas más multadas a nivel nacional fueron el incumplimiento al Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (38%), mediante el cual el titular de un derecho de aprovechamiento de aguas tiene el deber de registrar la obra de captación de agua, instalar un sistema de medición y transmisión e informar la extracción de caudales a la DGA; ejecución de obras no autorizadas en cauces (37%); extracción no autorizada de aguas (15%) y extracción de áridos no autorizadas en cauces (4%).
Las fiscalizaciones realizadas involucran a total de 766 personas jurídicas (64%) y 426 personas naturales (36%), y estas 434 infracciones están asociadas a multas por 4 mil 525 millones 415 mil pesos (65.659 UTM).
“La sociedad también puede ejercer el rol fiscalizador denunciando eventuales faltas, lo cual puede hacer presencialmente en las oficinas DGA o usando el nuevo aplicativo de denuncia digital en nuestro sitio web, el cual comenzó a operar este segundo semestre con una plataforma que automáticamente va solicitando la información mínima requerida y además, permite georreferenciar el lugar de la posible infracción, por lo que es una herramienta que nos permite ser más eficientes en nuestros procesos”, explicó Sanhueza.
El director general de Aguas resaltó que “en comparación con la misma fecha del año pasado, hubo un alza en las fiscalizaciones resueltas por las regiones de Atacama y Biobío, las que casi se han duplicado respecto al mismo período de 2024”. A nivel nacional, el 42% de las fiscalizaciones zanjadas corresponde a las regiones de Valparaíso (137), Los Lagos (130), Coquimbo (119) y Maule (114).
Respecto al monto de las multas, es la Región de Coquimbo con 1.297 millones de pesos (18.829 UTM) y la Región de Valparaíso con 1.115 millones de pesos (16.190 UTM), las que registran los valores más altos, al igual que en el mismo período del año pasado.
Fiscalizaciones resueltas
A la fecha, en la macrozona norte (Arica y Parinacota hasta Coquimbo) se concentra el 24% de fiscalizaciones resueltas. La región de Coquimbo lidera con 119, seguida por Antofagasta (62), Atacama (60), Arica y Parinacota (47) y Tarapacá (3).
La macrozona centro (Valparaíso a Maule) aglutina el 31% de fiscalizaciones cerradas, encabezada por Valparaíso con 137, luego Maule (114) y posteriormente, O’Higgins (73) y Metropolitana (49).
La macrozona sur (Ñuble a Los Lagos) reúne el 40% de las fiscalizaciones zanjadas a nivel nacional y, la Región de Los Lagos lidera con 130 fiscalizaciones resueltas y le siguen La Araucanía (101), Biobío (96), Ñuble (89) y Los Ríos (60).
La macrozona austral representa el 4% de fiscalizaciones resueltas hasta ahora, la Región de Aysén ha resuelto 27 fiscalizaciones y Magallanes 25.
Nueva ley de fiscalización con un procedimiento sancionatorio simplificado
El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, destacó que desde el 23 de abril de este año está vigente la nueva ley de fiscalización que introduce un procedimiento sancionatorio simplificado que permite la corrección temprana de inobservancias menores, es decir, se otorga un plazo al usuario para corregir la infracción y al cumplir, se exime de la multa.
Además, disminuye los tiempos de tramitación e incorpora mecanismos de notificación digital, junto con generar descuentos al pagar la multa dentro de los 9 días hábiles desde notificada la sanción, siempre y cuando el infractor no interponga un recurso de reconsideración. “Todo esto promueve poner el foco en la solución, agilizando los procesos para subsanar la infracción en menos tiempo”, precisó del director general de Aguas.
En la Región de Los Ríos se dio el primer caso en el cual se aplicó la posibilidad de allanarse, es decir, el infractor aceptó los cargos por modificación de cauce y obtuvo una rebaja en la multa. Además, se le ordenó presentar un proyecto que cumpla con los estándares DGA, o bien, destruir las obras. Desde que se publicó la ley, a nivel nacional se contabilizan 53 casos de este tipo, en los cuales el presunto infractor aceptó los cargos hasta antes de vencer el plazo para presentar sus descargos, proceso en el cual se aplicó un 25% de descuento sobre el mínimo del grado de la multa correspondiente.
