3 de abril de 2026
DIRIGENTES NACIONALES Y REGIONALES ABORDAN DESAFÍOS DEL EMPLEO PÚBLICO EN MAGALLANES EN PROGRAMA DE ANEF
La voz de la ANEF en Magallanes
En una nueva edición del programa La Voz de la ANEF en Magallanes, conducido por la presidenta regional de la ANEF, Evelyn Córdova, se analizaron los principales desafíos del empleo público y la realidad de los trabajadores fiscales en la región.
En el primer bloque participó María Beatriz Fuenzalida, presidenta nacional de ANDIME y directora nacional de la ANEF, quien abordó la situación de los funcionarios públicos a nivel país, el rol de las asociaciones gremiales y los desafíos en materia de estabilidad laboral, condiciones de trabajo y fortalecimiento del empleo público.
Durante la conversación se analizaron materias vinculadas a la modernización del Estado, la importancia del rol de los trabajadores públicos en la implementación de políticas públicas y la necesidad de avanzar en condiciones laborales que permitan fortalecer los servicios que se entregan a la ciudadanía.
En el segundo bloque participó Christian Cañete, presidente regional de ANFUCULTURA, quien se refirió a la realidad de los trabajadores del sector cultura y a los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos en áreas vinculadas al desarrollo cultural en la Región de Magallanes.
El programa permitió generar un espacio de diálogo sobre el rol del empleo público en el desarrollo regional, destacando la importancia de fortalecer el trabajo de los funcionarios del Estado en áreas clave para el funcionamiento de las instituciones y la implementación de políticas públicas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
