El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera, encabezó la segunda reunión anual de la Mesa Regional de Supervisión Carcelaria, en que las entidades relacionadas a la vigilancia y cuidado de la población penal abordaron diversas temáticas que se advierten en los recintos penitenciarios de Magallanes.
En la instancia interinstitucional, integrada por la Fiscalía Judicial del tribunal de alzada de Magallanes; seremi de Justicia y DD.HH; Gendarmería regional; Defensoría Penal Pública; Ministerio Público e Instituto Nacional de Derechos Humanos se abordaron temas como el reciente intento de fuga de cuatro internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, y su consiguiente reubicación en centros privativos de libertad en el norte del país, las carencias en infraestructura y de profesionales de la salud que ejerzan en los recintos penitenciarios, durante al menos 8 horas al día y, también, la petición de mayor dotación de personal.
Tras la reunión, que tiene como objetivo analizar, proponer y ejecutar tareas y proyectos tendientes al respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, y del bienestar de los funcionarios que allí se desempeñan, el fiscal judicial Pablo Miño informó que en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas “ya se ha llegado al límite de su capacidad; esto es que 481 internos, entre condenados e imputados, se encuentran privados de libertad, lo que significa proyectar el aumento de dotación de gendarmes; así como también que profesionales de la salud ejerzan funciones en el recinto, y con ello evitar que deban ser trasladados a los centros de salud de la ciudad”.
En la segunda versión anual de la Mesa de Supervisión Carcelaria de Magallanes, participaron la seremi de Justicia y DD.HH, Michelle Peutat; el director regional de Gendarmería, Freddy Molinet; la defensora Penal Pública, Verónica Reyes y la defensora penitenciaria, Priscilla Vásquez; José Miguel Maldonado de la Fiscalía Regional del Ministerio Público; y Cristian Figueroa Marlys Saldivia.
