CONSEJERA ROXANA GALLARDO PIDE REGLAS HABITACIONALES CLARAS Y ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO DE NUEVAS EXIGENCIAS A DIRIGENTES Y FAMILIAS

La necesidad de revisar el funcionamiento del Fondo de Medios, las diferencias que —a su juicio— existen en la cobertura pública de investigaciones que involucran a autoridades y, especialmente, la falta de información y las nuevas exigencias que estarían enfrentando familias y agrupaciones de vivienda en Magallanes, fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la consejera regional Roxana Gallardo Concha, en conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, la consejera regional manifestó inicialmente su respaldo a la existencia del Fondo de Medios, destacando el rol que cumplen las radios, medios de comunicación locales y otros espacios informativos en las distintas comunidades de la región. Sin embargo, planteó reparos respecto de la forma en que actualmente se administra y sostuvo que debería existir un mecanismo permanente de apoyo.

“Yo no tengo problemas con el fondo de medios, yo creo que es una ayuda necesaria para los medios locales, sobre todo esto ocurre en todo Chile, pero hay medios pequeñitos. Y acá no tenemos grandes medios como para que diga que no necesitan este empuje que tampoco estamos hablando de grandes sumas. Perfectibles todo es perfectible”, señaló.

Gallardo planteó que una eventual modificación de las bases podría incorporar contenidos que entreguen información de utilidad para la ciudadanía, especialmente respecto de beneficios y programas estatales que muchas personas desconocen.

“Yo creo que debieron haber más programas informativos, por ejemplo, de los beneficios que entrega el Estado. Como para educar más a las personas, las personas tienen mucha falta de información en temas que son como relevantes, beneficios que entrega la caja. Entonces hacer como pequeñas cápsulas. Yo creo que eso podría ser como perfectible”, explicó.

No obstante, su principal cuestionamiento apuntó al carácter concursable del fondo y a su paso por el Consejo Regional. En ese sentido, sostuvo que los recursos deberían llegar directamente a los medios que cumplan con determinados requisitos, sin quedar sujetos a una decisión política dentro del órgano colegiado.

“Yo creo que esto debiera ser una especie de subsidio que entrega el Estado anualmente sin que tenga que haber este tipo de concursos. No, no debiera ser concursable, debiera ser como una especie de subsidio a los medios locales, radios locales, medios de televisión, y que funcionara en forma permanente una vez al año y que, claro, quienes postulan a este tipo de fondos deberían cumplir ciertas normas que son las que se exigen, pero no verlo como un concurso”, sostuvo.

A juicio de la consejera, esta fórmula permitiría separar el apoyo a los medios de eventuales consideraciones políticas. “Yo siento que cuando pasan por el Consejo también se puede producir hasta un cierto aprovechamiento de personas, que es como que yo te voy a dar. Yo voy a apoyar el fondo de medios si el fondo de medios debiera ser apoyado siempre”, afirmó.

Diferencias en la cobertura de investigaciones

Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue la percepción de diferencias en la cobertura pública de investigaciones judiciales que involucran a distintas autoridades y figuras políticas de la región.

Consultada por si existe una diferencia en la forma en que se informa respecto de casos como los que involucran al senador Alejandro Kusanovic, al diputado Alejandro Riquelme y el gobernador Jorge Flies sobre la situación relacionada con la adquisición de un inmueble para el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Gallardo sostuvo que sí percibe diferencias.

“Sí, ha habido diferencias entre los casos de los políticos que están involucrados. El caso de la casa de Mejor Niñez, si bien sí ha tenido cobertura, siento que no la misma que tuvo el caso los últimos, los casos que tú mencionabas tanto el senador como el diputado”, afirmó.

La consejera también puso el foco en la situación de las personas que son objeto de una investigación judicial, recordando que una indagatoria no significa necesariamente que exista culpabilidad.

“Porque cuando tú estás siendo investigado. No eres culpable, todavía estás siendo investigado, pero de repente toda la información se concentra en algunos casos y no en otros, pero cuando resulta que estos procesos terminan para bien o para mal, si sales culpable, bueno, por supuesto que va a ser, pero cuando sale un inocente algunas personas yo no he visto la misma cobertura de los medios”, manifestó.

En esa línea, explicó que las diferencias en la exposición pública pueden producirse también por el interés que generan determinadas noticias. “Lo malo no es muy atractivo para el consumidor, que al final es la población y lo vemos en los matinales. La primera noticia que sale fue el portonazo de anoche, el asalto, cuando igual están pasando algunas cosas positivas, pero eso no es muy destacable”, señaló.

Gallardo agregó que, según lo informado durante la sesión del Consejo Regional, se habrían solicitado explicaciones respecto de los tiempos y diferencias en la entrega de determinada información judicial.

“No hay desalojo”: Gallardo aborda situación de la toma

La situación habitacional también ocupó una parte importante de la conversación. Consultada por el proceso anunciado en torno a una toma de terrenos y el eventual desalojo de sus ocupantes, la consejera regional fue enfática en señalar que, según los antecedentes que maneja, lo que se estaría desarrollando corresponde más bien a un proceso de relocalización.

“No hay desalojo. Tú pasas por ahí, un desalojo todos sabemos lo que es un desalojo. Aquí lo que hay es una relocalización de personas. Y usar la palabra desalojo, que en algún minuto se anunció con bombos y platillos, eso no es y no sé si va a ser algún día”, sostuvo.

Gallardo también cuestionó que se hayan establecido plazos para el desarrollo de este tipo de acciones, considerando las dificultades que pueden existir para concretarlos.

“Lo peor en política o en este tipo de acciones es poner plazo. Porque normalmente no se pueden cumplir”, afirmó.

Según explicó, hasta ahora ha conocido de casos de adultos mayores que han accedido a viviendas tuteladas, aunque se trataría de situaciones específicas y sujetas a determinadas condiciones.

“Hasta el minuto, lo que yo sé es que se han entregado viviendas tuteladas, algunas personas adultas mayores que cumplían con esas condiciones para poder ocupar estas viviendas que se entregan a comodato”, indicó.

Críticas a nuevas exigencias para acceder a viviendas

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de las familias que buscan acceder a soluciones habitacionales mediante el subsidio DS49. Gallardo manifestó preocupación por lo que calificó como una “falta de información brutal” respecto de las nuevas condiciones que estarían siendo solicitadas a dirigentes y agrupaciones.

“Últimamente se han estado llamando a dirigentes de vivienda para ponerle nuevas normas y nuevamente quien hace los llamados y dice cómo o qué condiciones tienes que cumplir para postular a un subsidio, este del DS49, que es al que todo el mundo aspira en el fondo porque es sin crédito hipotecario”, explicó.

Entre las exigencias mencionadas se encuentra la acreditación de contratos de arriendo y de los pagos efectuados durante los últimos 12 meses mediante transferencias electrónicas directamente al propietario del inmueble.

Gallardo advirtió que este tipo de requisitos puede generar problemas para personas que históricamente han pagado sus arriendos en efectivo o cuyos pagos han sido efectuados por familiares.

“Cuando tú no le avisas eso a las personas con anticipación, muchas personas pagan en efectivo, quedan fuera porque no tienen el registro. El vale que usábamos antiguamente, yo pagué arriendo casi más de 15 años, siempre lo he dicho. Y me acuerdo muy bien que cuando rondaba casas en sectores antiguos como el barrio Prat, todos esos lugares, la dueña de casa me llegaba un vale, vale por el monto del arriendo. Bueno, esos vales ya no sirven, tienen que ser transferencias electrónicas hacia el dueño”, relató.

La consejera regional agregó que también podrían producirse dificultades para quienes aparecen como allegados o para familias que deben acreditar determinadas situaciones familiares.

“Ahora resulta que los allegados también tienen que demostrar que son allegados y demostrarlo. ¿Cómo? ¿Con los títulos de dominio del dueño de la casa, donde tú dices que eres allegado?”, cuestionó.

A su juicio, si existen nuevas reglas para todo el país, estas deberían establecerse formalmente y aplicarse de manera uniforme, evitando que Magallanes enfrente requisitos particulares que no sean conocidos oportunamente por las familias.

“Si el ministro dice vamos a hacer nueva política habitacional, vamos a hacer nuevos lineamientos y vamos a sacar decretos con estos nuevos lineamientos para todo Chile, en todo Chile las personas que arriendan tienen que tener 12 meses de arriendo comprobable con transferencia electrónica, entonces las reglas del juego pasan a ser parejas para todos”, planteó.

Preocupación por el financiamiento de nuevos proyectos

Otro de los aspectos que generó preocupación en la consejera regional fue el futuro del convenio mediante el cual el Gobierno Regional aporta recursos para el financiamiento de proyectos habitacionales.

Gallardo sostuvo que el convenio de programación vigente contempla recursos hasta 2027, pero que el acuerdo debe cerrarse durante este año y que todavía no existirían definiciones claras sobre su continuidad.

“Tenemos de programación hasta el 2027, se cierra este año exactamente entonces y no ha habido nada, no tenemos nada y nosotros que somos la parte que entrega los fondos para esto somos los que estamos más interesados porque estamos todo el tiempo pidiendo, incluso tratando de conseguir una audiencia con el ministro como Consejo para ver qué es lo que va a ocurrir”, señaló.

La consejera advirtió que la incertidumbre podría afectar directamente la concreción de proyectos habitacionales que están siendo presentados a las familias.

“Porque si no la familia se le va a presentar un proyecto de casa, estoy hablando de las casas, pero resulta que cuando no tengan el financiamiento eso no va a avanzar para ninguna parte”, afirmó.

En ese contexto, Gallardo cuestionó que se convoque a numerosas familias a entregar antecedentes cuando la cantidad de viviendas disponibles es considerablemente menor que la demanda existente.

“Cuando tú tienes un proyecto de 140 casas, que es lo que se le presentó a la familia en esta última semana. Y llamas a 1000 personas para pedirle su documento es jugar con la ilusión de las personas”, sostuvo.

Para la consejera regional, una de las soluciones pasa por fortalecer el rol de los municipios como entidades patrocinantes, permitiendo ordenar la demanda habitacional y contar con información precisa respecto de cuántas personas cumplen efectivamente con los requisitos.

“¿Qué mejor que un municipio que es quien aplica también el Registro Social de Hogares? Entonces tiene toda la información como para ir purificando esto”, señaló.

A su juicio, contar con entidades patrocinantes municipales permitiría dimensionar de mejor manera la demanda real en cada comuna y evitar procesos en que numerosas familias terminen quedando fuera después de haber iniciado sus trámites.

“El tema de postulación a vivienda va en picada”

Gallardo fue especialmente crítica respecto de lo que considera una creciente cantidad de requisitos y filtros para acceder a una vivienda.

“Creo que el tema de postulación a vivienda va en picada porque se está haciendo mucha selección y hay mucha norma nueva. Y es por un tema de financiamiento”, afirmó.

En su opinión, también debería revisarse el actual modelo de acceso a la vivienda y la posibilidad de recuperar mecanismos de pago de dividendos para determinados sectores.

“Hay que cambiar de etapa. Cuando una familia de la mal llamada clase media tiene que pagar un dividendo de 480 o 580 mil pesos mensuales por un crédito en el banco para obtener su casa, esa misma familia, si fuera por medio del Estado, podría pagar la mitad de eso para poder vivir en paz”, planteó.

La consejera regional recordó antiguos modelos de vivienda social existentes en Punta Arenas, donde las familias pagaban dividendos por sus viviendas, y sostuvo que un sistema de este tipo podría permitir ampliar el acceso a nuevas familias.

“Entonces debiera existir un pago como existió en todas las poblaciones antiguas de Punta Arenas hasta el Alfredo Lorca, la gente del Alfredo Lorca pagaba un dividendo, un pequeño dividendo que se pagaba al Serviu todos los meses. Hubieron algunos que no pagaron, por supuesto, siempre va a haber gente que no cumple, pero el 90% de las familias pagaban su dividendo”, afirmó.

Gallardo defendió la idea de que las políticas públicas deben adoptar decisiones que no necesariamente sean populares, pero que permitan enfrentar las dificultades estructurales del acceso a la vivienda.

“Nadie quiere tomar el toro por las astas, porque claro, son medidas que no son populares. Entonces vivimos en un mundo de que lo popular es lo que se vende. Vivimos en un mundo donde todo lo que la gente tiene miedo a las funas, tiene miedo a que te hagan. Pero cuando las personas llegan a cargo de poder tienen la obligación, porque para eso se les paga, a tomar decisiones”, concluyó.

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